Login

Written by Eleana Borjas    
Thursday, 30 December 2010 00:45 

 
periodistas_hondurasCon una libertad de expresión relativa, un periodismo que informa según los intereses del dueño del medio y una creciente censura a la libertad de expresión cuando se cuestiona temas relacionados con la empresa privada, describen las y los periodistas su propio entorno laboral.


Los periodistas son el canal de transmisión de la información que se genera en el mundo entero; mucho se cuestiona, por parte de la sociedad, el papel que juegan y que se tilda de permanecer supeditado a intereses particulares. Sin embargo, Revistazo.com quiso conocer de “boca de los protagonistas” de esa crítica, qué opinan al respecto.


Un total de 15 consultas a igual número de periodistas de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Copán, El Progreso y Comayagua, se hicieron. Diez preguntas relacionadas a la libertad de expresión y su censura, la objetividad de la información, el apoyo de los medios de comunicación a sus periodistas y el apoyo del Colegio de Periodistas de Honduras, fueron entre otros los tópicos abordados.


La consulta se realizó de forma individual y personal a periodistas que laboran en medios como Radio Progreso, Hablemos Claro, defensoresenlinea.com, Radio Globo, elpatriotahn.com, Radio Cadena Voces y periodistas independientes, entre otro medios.


A la primera pregunta, ¿La libertad de expresión es un derecho del que gozamos los hondureños?, los periodistas consultados dijeron que es un derecho del cual se goza de manera parcial.


Al consultárseles si ¿Los medios de comunicación en Honduras dan a conocer los hechos con objetividad?, las y los comunicadores sostuvieron que ello ocurre “raras veces”, mientras que la respuesta “nunca” ocupó el segundo lugar.  


Sobre si, ¿Los periodistas en Honduras tiene libertad de informar?, el mayor puntaje lo obtuvo la respuesta que afirma que hay libertad, pero de acuerdo a los intereses del dueño del medio.


La mayoría de las y los periodistas consultados afirman que sí existe censura en Honduras, pero, ¿Qué provoca la censura en los medios de comunicación?, ante esa pregunta, la respuesta fue contundente: los intereses del medio en que labora el periodista. El segundo lugar en respuesta, lo obtuvo el compromiso de los periodistas con sus patrocinadores.


Interesante resultó conocer que para las y los comunicadores abordados, la censura en los medios donde laboran se acrecienta cuando se aborda temas relacionados y con los que se cuestiona a la empresa privada, seguido de temas en los que se involucra al gobierno y el tercer lugar temas relacionados con el pueblo.
¿Los medios de comunicación en Honduras representan los intereses del pueblo, de la empresa privada o del gobierno? fue otra de las consultas. La empresa privada ocupó el primer lugar seguido del gobierno. Los periodistas no dieron ningún porcentaje a la defensa de los intereses del pueblo.


Periodistas no se sienten protegidos ni por propios medios de comunicación ni por el Colegio de Periodistas


 Otra de las preguntas que se consultó entre las y los periodistas fue si “Al enfrentar problemas legales o sociales, se siente protegido por el medio”; sorprendentemente un alto porcentaje apuntó que no se siente protegido por su medio. “Medianamente” ocupó el segundo lugar y un bajísimo número dijo que totalmente.
A las y los consultado se les preguntó si “El Colegio de Periodistas de Honduras le brinda protección” cuando enfrenta problemas legales o sociales, cuando siente que se violan sus derechos laborales, cuando es amenazado a causa de sus trabajo, raras veces lo representa o nunca lo protege o representa.


Dos porcentajes se generaron con esta interrogante. El más alto, el que afirma que nunca lo protege o lo representa y el segundo puntaje a la respuesta, “nunca lo protege o representa”.


Honduras, un clima proclive a entorpecer el ejercicio periodístico


“Se ha promulgado que la mayoría de las muertes están ligadas a conflictos de índole personal, pero independientemente de si se trata de asesinatos personales o profesionales, la impunidad que prevalece en sus muertes, hace que la prensa hondureña se autocensure y evite informar conflictos que podrían traerle la muerte, dijo al consultársele al respecto,  Gilda Silvestrucci directora del programa “En La Plaza”.


Por su parte la periodista Signy Fiallos del Grupo de la Sociedad Civil –GSC-, considera que los  periodistas por ser personas reconocidas públicamente  se ven expuestos al acoso de los delincuentes.


“En muchos casos son amenazados para evitar que salgan a la luz  actos de corrupción en los que se ven involucrados  políticos, funcionarios públicos, empresarios e incluso policías y militares”, manifestó.
Fiallos agrega que algunos  de las muertes de periodistas están ligadas a problemas de índole personal y sólo unos dos o tres casos podrían estar ligados al ejercicio profesional, sin embargo coincide con Silvestrucci al afirmar que la impunidad en la que operan los delincuentes en Honduras, es la causante de que se sigan matando no solo periodistas, sino ciudadanos en todo el territorio nacional.


“Hay temas tan delicados como el narcotráfico, que como periodistas debemos ser sumamente cautelosos para brindar la información y buscar las formas correctas de ofrecer las noticias e investigaciones”, dijo Jimena Andino, jefa de redacción de la revista Hablemos Claro.


En lo que va del 2010 fueron asesinados en similares circunstancias los periodistas Joseph Hernández Ochoa, periodista del canal 51 de Tegucigalpa; David Meza Montesinos, periodista de Radio América y Radio El Patio, de la ciudad de La Ceiba.


Asimismo, Nahúm Palacios, director de noticias de la Televisora Canal 5 del Aguán, quien contaba con medidas cautelares otorgadas por la CIDH; José Bayardo Mairena y Manuel Juárezde Canal 4 R.Z. Televisión y Radio Excélsior de Juticalpa, Olancho; Jorge Alberto “Georgino” Orellana, fue asesinado al salir del canal de televisión en el que laboraba en San Pedro Sula; Luís Arturo Mondragón, Periodista de 53 años, propietario y director de noticias de la televisora de cable Canal 19 en el departamento de El Paraíso.


Honduras cierra el 2010 con la muerte número 10, de Henry Suazo, corresponsal de la radio HRN en el municipio de la Masica, Atlántida, quien murió a manos de desconocidos que se transportaban en una bicicleta, quienes le cegaron su vida a balazos.

 

http://www.revistazo.biz/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1663:segun-periodistas-la-libertad-de-expresion-en-honduras-esta-al-servicio-de-intereses-de-la-empresa-privada&catid=19:proyectos&Itemid=19
 

 

Sábado 01 de Enero de 2011 16:49

La Reforma Agraria en Honduras

Folleto de Información

Impresión: Mayo 2000

Documento FIAN G09s

 

VER DOCUMENTO ADJUNTO

 

 

Mapa_de_Honduras

 

Fian_Internacional

Rouseff_y_lulaLa presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, destacó este sábado que su Gobierno se centrará en el trabajo por la erradicación de la pobreza y el mejoramiento de la calidad en la salud y la educación.
Durante el discurso que pronunció luego de ser investida en el Congreso brasileño, Rousseff además sostuvo que, durante su gestión al frente de la nación suramericana, continuará el proceso transformador que inició el presidente saliente, Luiz Inácio Lula da Silva.


"Es tarea indispensable una acción renovadora y efectiva en las áreas de salud, educación y seguridad con respeto a las leyes. La lucha más obstinada de mi Gobierno será la erradicación de la pobreza extrema y la creación de oportunidades para todos", dijo la nueva presidenta brasileña.
Se comprometió a luchar por "la calidad de la educación, la salud y la seguridad", para lograr la inclusión necesaria y ofrecer las condiciones que permitan la formación de profesionales en distintas áreas.


Para lograr ese compromiso, Rousseff pidió el apoyo de toda la sociedad, así como de las institiciones públicas, privadas y de los medios de comunicación.


"Por la decisión soberana del pueblo hoy será la primera vez que la banda Presidencial se pone sobre el hombro de una mujer. Siento un inmenso honor por esa decisión del pueblo  brasileño", dijo Rousseff al inicio de su discurso.


Manifestó entender la importancia del significado histórico de ser la nueva jefa de Estado y de la responsabilidad que asume desde este 1 de enero, al tiempo que desempeñará su trabajo con el ejemplo de la fuerza de la mujer brasileña.


"Sé que mi mandato debe incluir la traducción más generosa de esa osadía del voto popular, que después de llevar a la Presidencia a un hombre trabajador, decida a una mujer para dirigir los destinos del país", enfatizó la jefa de Estado brasieña.


"Vamos a vencer la desigualdad", subrayó y aseguró que actuará de forma decidida en la defensa de políticas saludables y equilibradas".


Por otro lado, Rousseff se refirió a otros temas de interés nacional en su discurso ante el Congreso, donde destacó el trabajo constante para mejorar áreas como el gasto público y los servicios.


Sostuvo que urge realizar una reforma en la Legislación para promover los cambios necesarios y avanzar hacia una democracia complementaria.


"Para enfrentar estos retos debemos mantener los fundamentos que nos permitieron llegar aquí, nuevas herramientas. Es tarea urgente una reforma con cambios en la Legislación para hacer avanzar nuestra joven democracia, fortaleciendo el sentido programático de los partidos y perfeccionar las instituciones, valores y transparencia", indicó.


Con la consigna de "gobernar para todos", la presidenta brasileña insistió en que su Gobierno dará continuidad al proceso de avance y progreso social impulsado por Lula da Silva.


"Vengo para dar contuniudad al mayor proceso de afirmación que este país haya vivido en los tiempos diferentes, para consolidar la obra transformadora del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con quien tuve el privilegio de servir al país a su lado en estos últimos años", afirmó.


Saludó cada uno de los avances logrados por Brasil bajo la administración de Lula, los cuales reconoció que ayudaron a dar grandes contribuciones a las conquistas de la actualidad.


Sentenció que no descansará durante su mandato para lograr hacer de Brasil una de las naciones más desarrolladas y menos desiguales del mundo, con clases medias sólidas y emprendedoras "plenas de compromiso social, libertad política y creatividad".

 


teleSUR/dg-MFD

La FAO y el gobierno ofrecen consejos sobre higiene a los campesinos

 El cólera incrementará los problemas ya existentes de seguridad alimentaria en Haití

 

HaitRoma - Una parte importante de la cosecha de arroz en el noroeste de Haití podría perderse debido al temor de los campesinos a contagiarse de cólera, según advierte una evaluación inicial de la FAO. El Organismo de la ONU y el Ministerio haitiano de Agricultura y Sanidad están embarcados en una campaña para ofrecer información sobre higiene a los agricultores reacios a recolectar el arroz en la situación emergencia que vive el país a causa del cólera.

 

Muchos campesinos están evitando cosechar, temiendo que el agua en los ríos y canales que riega sus arrozales y otros terrenos pueda estar infectada. Existen también informes sobre consumidores que se niegan a adquirir productos procedentes de regiones afectadas directamente por el brote de cólera, lo que provocará un impacto aún mayor al comercio agrícola en la zona. Un equipo de evaluación de la FAO señaló recientemente que algunas muertes en zonas rurales no han sido registradas por las autoridades, y que en muchos casos se trata de familias campesinas que no han tenido acceso a la información adecuada.

 

Debido a que la pérdida de las cosechas puede afectar negativamente a la producción de alimentos, y por lo tanto a la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia, la FAO trabaja ahora en estrecha colaboración con las autoridades de Haití y los organismos de la ONU que se ocupan de la salud y el saneamiento para dar a los campesinos la información correcta sobre las medidas que deben tomar trabajando en los campos. La FAO y sus socios del Grupo de Agricultura también están apoyando la evaluación del impacto del cólera en la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia rurales, liderada por la Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA).

 

Según Etienne Peterschmitt, Coordinador superior de la FAO para la emergencia y rehabilitación en Haití, es muy importante que las medidas para combatir la transmisión de la enfermedad estén orientadas de forma específica a las comunidades agrícolas, y de forma especial a los trabajadores agrícolas. Una rápida evaluación de la FAO indicó que las emisoras de radio que transmiten mensajes de sensibilización no llegan a algunas zonas remotas. Por lo tanto es necesario que estos mensajes dirigidos a comunidades rurales de bajos ingresos se realicen en persona a través de formación práctica y divulgación.

 

Sin una oportuna respuesta al daño provocado a la agricultura de Haití por las inundaciones y el cólera, la seguridad alimentaria podría desplomarse, agravando las consecuencias del terremoto del pasado enero entre la población rural pobre.

 

Los efectos del brote de cólera han sido aumentados por las inundaciones de noviembre, provocadas por el huracán Tomas, que dañó las infraestructuras agrícolas, afectando a 78 000 hectáreas de cultivos e incrementando la propagación de la enfermedad, con el resultado de una crisis sanitaria que afecta a más de 50 000 familias rurales.

 

http://www.fao.org/news/story/es/item/49094/icode/

Pillay31 de diciembre, 2010  La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, advirtió al perdedor de las elecciones en Côte d’ Ivoire y a las autoridades militares de ese país que serán responsables de las acciones que resulten en violaciones de esos derechos.

 

El sistema penal internacional, dijo Pillay en mensajes escritos a esas personas, ha desarrollado herramientas en los últimos 15 años que antes no existían.

Los jefes de Estado y otros actores ya no pueden cometer atrocidades y librarse de sus consecuencias, subrayó la Alta Comisionada.

También aclaró a los subordinados que reciben órdenes de violar derechos humanos, que deberán rendir cuentas de sus acciones u omisiones porque serán responsabilizados individualmente por ellas.

 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=20000&criteria1=&criteria2

Sábado 01 de Enero de 2011 15:23

Crisis global: todavía queda tela por cortar

Crisis_globalWashington, 31 dic (PL) Aunque desde el año 2007 se habla de la crisis global, todavía hoy hay quienes advierten sobre una segunda recaída y de la evidente desaceleración de la supuesta recuperación.

  Al respecto, la ONU comunicó recientemente que el avance de la economía mundial está perdiendo fuerza, pues el crecimiento es insuficiente para recobrar en los próximos dos años los millones de empleos perdidos desde el inicio de la recesión.

Señaló que la debilidad de los países desarrollados, el bajo crecimiento de Estados Unidos y la crisis de deuda europea arriesgan aún más el panorama internacional.

El organismo destacó los logros de naciones como China, India y Brasil, que han contribuido significativamente a la expansión global desde fines de 2009.

"El camino a la recuperación (...)está siendo largo, sinuoso y pedregoso", sentenció.

Sin embargo, lo cierto es que desde el inicio de la crisis global, no ha dejado de hablarse del tema.

Primero se teorizó sobre la fecha de su estallido cuando algunos planteaban que en octubre de 2008 con la quiebra del banco gigante norteamericano Lyman Brothers, mientras que otros decían que se vislumbraba desde 2007 por las dificultades del sector inmobiliario estadounidense.

Más adelante comenzaron las referencias a la magnitud del fenómeno y de las implicaciones en las más diversas esferas de la vida, con especial énfasis en los efectos a largo plazo.

Posteriormente, en 2009, la tendencia fue tratar de ponerle límites, quizá en un intento casi desesperado por ignorar su verdadera dimensión.

Fue entonces cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó a hablar del final de la recesión y del comienzo de una recuperación.

Voces como las del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, criticaron los análisis que apuntaban a una salida de la crisis, sobre todo cuando unas cien millones de personas estaban por debajo de la línea de pobreza.

Pese a la oleada de opiniones generadas en torno a la complejidad de ese fenómeno, numerosos analistas coinciden en que ha sido la peor desde los años 30.

Además estiman que el aumento del desempleo y de la desconfianza de los consumidores, así como la evidente debilidad del sistema financiero global, están entre sus consecuencias.

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=251406&Itemid=1

 

Viernes 31 de Diciembre de 2010 21:56

¿Justicia transicional sin transición?

Por:  Prensa - Colectivo

El 9 de julio de 2009 fue promulgada la ley 1312 de 2009 que regulaba entre otros, la aplicación del principio de oportunidad para los desmovilizados de grupos armados al margen de la ley que cumplieran determinados requisitos.

Víctimas de Crímenes de Estado

 

Por los beneficios que otorgaba , la mencionada regulación se constituía en una renuncia por parte del Estado, a su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los miembros de grupos paramilitares no postulados a la Ley 975 de 2005 (ley de Justicia y Paz) y que en cifras del Gobierno Nacional y el Congreso de la República, ascendían a 19.000 paramilitares [1], provenientes del escenario de conflicto armado que vive Colombia, y por cuenta de quienes se han perpetrado las más graves violaciones de derechos humanos.

El pasado 23 de noviembre, la Corte Constitucional declaró inexequible la causal de aplicación del principio de oportunidad a desmovilizados pertenecientes a grupos armados al margen de la ley, al considerar que el mismo desconoce el principio de legalidad, los límites constitucionales para su aplicación y los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, e incurre en una omisión legislativa al no excluir de su aplicación los casos de graves violaciones a los derechos humanos.

¿Justicia Transicional sin transición?En respuesta del mensaje de urgencia del Gobierno Nacional, el Congreso aprobó el proyecto de ley 202 senado, 149 cámara “[p]or [el] cual se dictan disposiciones de Justicia Transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la Ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones”.

Si bien el proyecto establece importantes avances frente a la regulación preexistente, permite la implementación de mecanismos que promueven la impunidad de hechos cometidos por desmovilizados, y el desconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y del derecho de la sociedad de conocer el contexto y los responsables de las violaciones a los derechos humanos que se han presentado en el territorio nacional.

A pesar de la alusión a la justicia transicional, es importante resaltar que la realidad evidencia que el conflicto armado en Colombia no ha cesado, y que incluso se han generado nuevos fenómenos criminales con técnicas más sofisticadas que escapan de la justicia. En este sentido, no es correcto afirmar que el país se encuentre en proceso de transición, y en consecuencia los mecanismos propios de la justicia transicional que permiten el otorgamiento de ciertos beneficios con el fin de promover la paz y la verdad, no debería ser aplicables.

A continuación se abordarán algunos aspectos cuestionables del proyecto de ley referentes a: i) el desconocimiento de los derechos de las víctimas por la implementación de mecanismos que favorecen la impunidad; ii) los vacíos legislativos y dificultades operativas relacionadas con el mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica; iii) las medidas especiales respecto de la libertad y suspensión condicional de la ejecución de la pena que serán otorgadas a los desmovilizados y iv) la efectividad del sistema judicial frente a la demanda de procesos que se va a presentar en el marco de aplicación del proyecto de ley.

i) Desconocimiento de los derechos de las víctimas por la implementación de mecanismos que favorecen la impunidad: La obligación de investigar es uno de los deberes elementales del Estado para garantizar la protección de los derechos fundamentales y está concebida para tener un efecto tutelar, aleccionador y disuasivo [2]. Esta obligación cobra especial relevancia en casos de graves violaciones a derechos humanos como lo son las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada o la tortura. Algunos mecanismos pretenden establecerse mediante el proyecto de ley, constituyen un obstáculo para el desarrollo de una efectiva investigación, y por consiguiente, la sanción de responsables de violaciones a los derechos humanos que han formado parte de grupos armados al margen de la ley.

El proyecto de ley permite el otorgamiento de beneficios como la suspensión de las órdenes de captura proferidas en contra de los beneficiarios del proyecto, y la abstención por parte de la autoridad judicial de emitir dichas órdenes, sin prever procedimientos efectivos para establecer si los beneficiarios de las mencionadas medidas han cometido graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. En el caso de la Masacre de la Rochela, la Corte Interamericana estableció que el Estado colombiano frente a la normativa de “Justicia y Paz” tiene el deber de emplear “la mayor debida diligencia […] para determinar si realmente el beneficiario participó en dicha compleja estructura de ejecución de tales violaciones ” [3].

Más aún, de acuerdo al articulado, incluso quienes hayan cometido concierto para delinquir agravado pueden acceder a los mencionados beneficios -es importante resaltar que de acuerdo a la Corte Suprema de Justicia el concierto para delinquir con la finalidad de cometer delitos de lesa humanidad, es un crimen de lesa humanidad-. Así, en contravención con los estándares internacionales en la materia, el proyecto de ley establece beneficios para favorecer a autores de conductas que atentan contra la humanidad.

¿Sin Verdad, sin Justicia?

Por otra parte, el proyecto de ley establece que la información que se obtenga a través del mecanismo no judicial de contribución a la verdad “no podrá, en ningún caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que suscribe el Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y a la Reparación o en contra de terceros” [4] . La mencionada disposición resulta altamente contradictoria, al promover la impunidad de hechos que pese a ser conocidos por el Estado a partir de las declaraciones de los victimarios –emitidas dentro del mencionado mecanismo-, no serán investigados. En consecuencia, la normativa desconoce claramente los estándares nacionales e internacionales en materia de acceso a la justicia y derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

En relación a la obligación de investigar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado en reiterada jurisprudencia que “ante toda violación de derechos protegidos por la Convención, el deber de investigar debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad ” [5].

En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha sostenido que “el Estado Parte tiene el deber de investigar a fondo las presuntas violaciones de derechos humanos, en particular las desapariciones forzadas de personas y las violaciones del derecho a la vida, y de encausar penalmente, juzgar y castigar a quienes sean considerados responsables de esas violaciones. Este deber es aplicable a fortiori en los casos en que los autores de esas violaciones han sido identificados [6]. (subrayado no original).

Así mismo el mencionado Tribunal Interamericano ha destacado que “[l]a obligación de investigar adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados” [7], incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de jus cogens [8]. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida [9]. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí [10]. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación […], de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado” [11].

A la luz de las obligaciones estatales anteriormente señaladas es importante resaltar que el proyecto de ley en cuestión imposibilita la investigación de hechos que se conozcan a través del mecanismo no judicial de contribución a la verdad y a la memoria histórica, - que no sean ventilados en los procesos judiciales adelantados en contra de los desmovilizados- y que constituyan graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras conductas similares. De acuerdo a los estándares internacionales en la materia, frente a estos delitos no cabe ningún tipo de beneficios como amnistías, prescripciones o excluyentes de responsabilidad teniendo en cuenta su gravedad así como la trascendencia que dentro de las sociedades democráticas tiene la impunidad de conductas de esta naturaleza.

Es importante resaltar en este punto que de los cerca de 50.000 desmovilizados sólo 670 se acogieron a la ley de justicia y paz por lo que, como se mencionó, son mas de 35 mil los beneficiarios del proyecto de ley en cuestión, que podrían participar en el mecanismo no judicial de contribución a la verdad y a la memoria histórica. En este sentido el proyecto permite que el Estado renuncie a su deber de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, resaltando que por la naturaleza de los grupos a los que pertenecieron, es muy probable los beneficiarios de la ley estén vinculados o por lo menos tengan conocimiento del contexto, los hechos o los autores que generaron graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y en general conductas que atentan contra la humanidad.

Asimismo, el proyecto vulnera el derecho a la justicia de las víctimas, quienes a pesar de que podrían saber quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de los hechos que las afectaron, no verán garantizado su derecho a que los victimarios sean sancionados, si en los procesos judiciales no se demuestran estos hechos y quedan registrados solamente en el mecanismo de contribución a la verdad.

Se privilegia “la verdad” del victimario

El derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad resultaría lesionado, ya que como se mencionó, la información que se conozca a través del mecanismo no judicial de contribución a la verdad y a la memoria histórica, no podrá ser llevada a los procesos ordinarios que se adelanten en contra de los desmovilizados beneficiarios de la ley. En consecuencia, la información vertida por los desmovilizados en el mecanismo en cuestión no será cuestionada, desmentida, ni sometida a verificación y contradicción. Es necesario recordar en este punto que de acuerdo a la experiencia que se ha tenido con las declaraciones que se han desarrollado en el marco de la ley de justicia y paz, estas versiones no siempre corresponden a la verdad, han servido como mecanismo de revictimización al justificar los crímenes y pueden ser profundamente contradictorias.

De otro lado, el articulado se presta para que el derecho a la reparación de las víctimas sea desconocido en casos en los que las conductas pese a haber sido reconocidas por los victimarios, no sean probadas en juicio, generando problemas probatorios frente a la relación de causalidad de la conducta del desmovilizado y el daño que debería ser reparado.

En conclusión, la implementación del proyecto de ley en cuestión, implica que el Estado renuncie a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario de las cuales tiene conocimiento a partir del “mecanismo de contribución a la verdad”, desconociendo principios y derechos establecidos en la constitución política colombiana y obligaciones internacionales que tiene el Estado en materia de derechos humanos y que forman parte del bloque de constitucionalidad.

ii) Vacíos legislativos y dificultades operativas relacionadas con el mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica El proyecto de ley presenta vacíos en relación con la conformación del mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica. Entre otros, no describe concretamente los procedimientos mediante los cuales los desmovilizados darán a conocer los hechos relacionados con la conformación de los grupos armados al margen de la ley, el contexto general de su participación y aquellos de los que hayan tenido conocimiento en razón de su pertenencia al grupo armado. De igual modo, el proyecto no hace referencia a la participación de las víctimas en el proceso de contribución a la verdad, ni a la articulación del mencionado mecanismo con otros mecanismos que promueven la memoria histórica como el Área de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

De otro lado, el proyecto establece que mientras el Gobierno Nacional expide las medidas necesarias para implementar el mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica, la Comisión Nacional de Reparación CNRR asumirá las funciones de mencionado mecanismo [12]. Frente a ello, es importante resaltar que la CNRR ha presentado diversos problemas de operatividad, legitimidad y efectividad, por lo que puede resultar nocivo que dicho organismo, asuma las mencionadas funciones.

iii) Medidas especiales respecto de la libertad y suspensión condicional de la ejecución de la pena El proyecto de ley presenta los beneficios a los que podrían acceder los desmovilizados que cumplan ciertos requisitos. De acuerdo al artículo 6, a petición del Gobierno la autoridad judicial competente podrá decretar la suspensión de la orden de captura en contra de los beneficiarios de la ley. Así mismo la disposición establece la posibilidad de que a partir del cumplimiento de los mismos requisitos se solicite a la autoridad competente que se abstenga de proferir orden de captura [13]. Por su parte el artículo 7 establece la posibilidad de que a petición del Gobierno Nacional, a través de la Alta Consejería para la Reintegración o quien haga sus veces, se decrete la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un período equivalente a la mitad de la condena establecida en la sentencia [14].

De acuerdo al proyecto de ley, frente a las solicitudes gubernamentales de aplicación de los beneficios, no procede ningún recurso. Lo anterior es cuestionable ya que podría verse afectada la transparencia del proceso y los derechos de aquellos a quienes la mencionada decisión podría afectar. De acuerdo con los estándares internacionales en materia de administración de justicia toda persona tiene derecho a un recurso rápido, sencillo y efectivo frente a las decisiones que afecten sus derechos.

iv) Efectividad del sistema judicial frente a la demanda de procesos que se va presentar en el marco de aplicación del proyecto de ley La implementación del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, supone el previo juzgamiento de los posibles beneficiarios de la ley. En este sentido habría que resaltar que de acuerdo a las cifras manejadas por el Congreso existen más de 30 mil desmovilizados, por lo cual es importante que se establezca un mecanismo judicial y penitenciario que realmente cumpla con las características necesarias para responder efectivamente y de acuerdo a los estándares en la materia a la demanda de procesos que se presentará. De acuerdo a lo anterior, más que la consagración formal de un procedimiento judicial, es necesaria la implementación de políticas públicas que garanticen que los procesos que se adelanten en el marco de la ley, van a asegurar los derechos de las víctimas y van a prevenir la impunidad de violaciones a los derechos humanos.

Bogotá, 29 de diciembre de 2010

http://www.colectivodeabogados.org/Justicia-transicional-sin

africo-madrid

Hace unos momentos, el señor Africo Madrid, flamante Ministro del Interior, ha procedido a clasurar la "Iglesia Creciendo en Gracia", más popularmente conocida como la 666, argumentando que su funcionamiento atenta contra la integridad moral de los hondureños/as, haciendo gala de su ignorancia sobre el tema, poniendo en evidencia sus personales motivaciones religiosas y loquees peor, desconociendo la jurisprudencia emanada desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al respecto.

 


En sus declaraciones a los medios de comunicación, que evidentemente fueron convocados para dar cobertura al espectáculo mediático, Madrid, quien durante muchos años ha sido parte de la deprimente e irrepetuosa tragicomedia protagonizada por los políticos corruptos e ignorantes de nuestro país, socavando el remedo de democracia que hemos tenido en las últimas tres décadas y lesionando severamente nuestra dignidad como nación, fue incapaz de mencionar los hechos que se practican en esa iglesia y que a su juicio particular justifican tan radical medida.


Si bien muchos y muchas de nosotras podemos no estar de acuerdo con las ideas que en esa iglesia se divulgan y se practican, también es cierto que en el pasado cercano y en el inmediato, el  concepto de "ideas exóticas" esgrimido por él, fue utilizado como justificación para la práctica cazabrujismo propio del los tribunales de la Santa Inquisición, o de los modernos Atilas nacionales, para perseguir, torturar, asesinar y desaparecer, a miles de compatriotas que en la búsqueda de una sociedad más justa, utilizaban argumentos de aceptación mundial para prormoverlos.

La acción protagonizada hoy por este ministro heredero del golpe de estado, debe ser valorado en su justa dimensión como antecedente directo de otras acciones y decisiones que ha veniso anunciando e insinuando este gris personaje de la vida nacional,por ejemplo la expulsión de personas con otras nacionalidades o naturalizados, con conocidos vinculos con la resistencia.


En este momento viene a mi memoria un contencioso conocido por la (CIDH) por violación a los Derechos deLibertad de Pensamiento y de Expresión y de Conciencia y Religión contra el Estado Chileno, como resultado de la censura judicial impuesta a exhibición cinematográfica de la película "La Ultima Tentación de Cristo",porque algunos sectoresreligiossos onsideraban que en la misma la imagen de Cristo era deformada y minimizada al máximo y que en aras del respeto a la libertad de expresión, se destruían creencias serias de una gran cantidad de personas.


En este caso,la CIDH resolvió que el estado chileno debía asegurar que los órganos del poder público y sus autoridades y funcionarios, en el ejercicio de sus diferentes potestades, deben ejercer éstas de manera de hacer efectivos los derechos y libertades de expresión, conciencia y religión reconocidos en la Convención Americana, y en consecuencia se abstenerse de imponer censura previa, a las producciones cinematográficas.


Ya veo venir un nuevo juicio y una nueva condena contra Honduras, cuyasimplicaciones económicas tendremos que paga ustedes y yo.


La iglesia dice: El cuerpo es una culpa. La ciencia dice: El cuerpo es una máquina. La publicidad dice: El cuerpo es un negocio. El cuerpo dice: Yo soy una fiesta. (Eduardo Galeano)


Sandra Marybel Sánchez

 

PROTEJAMOS Y SALVEMOS A NUESTRA MADRE TIERRA Y LOS PUEBLOS DEL MUNDO


mountainConsiderando:

Que los dos documentos aprobados sin consenso bajo la forma de “Decisión” con respecto al Protocolo de Kioto y los Acuerdos de Largo Plazo, en la Conferencia de Países numero 16 (COP 16) en Diciembre de 2010 en Cancun-Mexico, no cuentan con el respaldo ni aprobación de los pueblos del mundo.


Que los documentos aprobados sin consenso en la plenaria de la Conferencia de Países en Cancún establecen que el segundo período de compromiso de reducción de gases de efecto invernadero incorporará las ofertas voluntarias de los países ricos con las cuales solo se hará una reducción de 14% de los gases que emiten estos países con el grave riesgo que con ese porcentaje se incrementará la temperatura en el mundo en un promedio global de 4 a 5 grados centígrados, con incrementos de entre 7 y 8 grados en la Amazonía y en las zonas áridas de América del sur, de entre 6 y 8 grados en África y Asia, y entre 5 y 6 grados en otros continentes.


Que dichos incrementos elevados de temperatura generan los siguientes impactos:


1. Se producirán e incrementarán los riesgos de incendios.


2. Se perderán cultivos, plantas, semillas y diversidad agro biológica y biodiversidad en general.


3. Las cosechas de arroz disminuirán en más de 30% principalmente en Asia, las cosechas de maíz y trigo se reducirán hasta en un 40%¸ generando hambruna y desnutrición en cientos de millones de personas principalmente en África, Asia y América.


4. Disminuirá hasta en un 70% el agua de escorrentía en África, Sudamérica y el Mediterráneo.


5. Subirá el nivel del mar en algunas regiones más de 1 metro, siendo aún mayor en latitudes bajas, en las islas tropicales, afectando a mas de más de 600 millones de personas que viven a en las islas y costas, y de manera directa y grave a mas de 150 millones, quienes sufrirían inundaciones y desastres.


6. Desaparecerán los glaciares de Sudamérica incluyendo los nevados de Bolivia.


7. Se incrementará la frecuencia y gravedad de las sequias,


8. Las regiones de los polos, la capa de hielo de la Antártida occidental podría derretirse generando un incremento del nivel del mar en 3,3 metros, existiendo un 60% de probabilidad de deterioro irreversible de la capa de hielo de Groenlandia lo que podría implicar un incremento de hasta 7 metros del nivel del mar en algunas regiones.


9. Se agravarán los ciclones, huracanes, sequias, heladas e inundaciones, los llamados desastres naturales o eventos extremos afectarán gravemente a nuestras poblaciones, destruyendo la economía, la producción y las personas. Más de 1.000 millones de personas serían expulsadas por estos graves impactos y se convertirían en migrantes climáticos implicando graves problemas de servicios básicos, empleo y generando pobreza en las ciudades y en áreas rurales.


10. Más de 3.000 millones de personas, es decir, más del 40% de la población mundial vivirá en zonas con escasa disponibilidad de agua


Que, los países en vías de desarrollo no hemos contribuido a crear esta crisis climática producto del enriquecimiento desmedido de los países desarrollados en base a un modelo capitalista depredador y destructivo de la madre tierra, y sin embargo según el documento aprobado en Cancún, nos obligan a realizar acciones y proyectos para reducir, evitar y remover gases de efecto invernadero, cuando no es nuestra responsabilidad hacerlo pues esta es más bien obligación de los países ricos.

Que, todas las acciones o proyectos de desarrollo que hagamos en nuestros países en vías de desarrollo y que estén relacionadas con la generación de energía renovable, disminución de gases y otros, serán examinados , evaluados y valorados por un sistema internacional de Consulta y Análisis de expertos aunque dichos proyectos y acciones los hayamos realizado con nuestros propios recursos económicos en base a nuestros propios esfuerzos nacionales, sometiéndonos de esta manera a un examen y evaluación permanente, calificando si nuestras acciones y proyectos son o no son significativos. Es decir, las victimas del cambio climático seremos examinados por los victimarios.


Que, se ha creado un sistema de mercado de bonos de carbono a nivel mundial haciendo que en base a nuestra biodiversidad y nuestros bosques se apliquen títulos llamados bonos de carbono a la manera de concesiones forestales, inmovilizando nuestros recursos forestales e impidiendo que podamos regular o legislar sobre ellos pues estos bonos se vincularían directamente a Tratados y Acuerdos de libre comercio, con el grave riesgo de someter nuestros recursos a decisiones de mercado no regulado ni controlado, enriqueciendo a intermediarios y comerciantes de bonos.


Que el sistema de mercado de emisiones y absorciones de gases mediante bonos o certificados será usado por los países desarrollados para cumplir sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero. Es decir, usaran nuestros bosques y nuestros esfuerzos de mitigación comprando bonos de carbono para que la cantidad de gases que absorban o remuevan nuestros bosques, les sirva a los países ricos a restar sus emisiones. De esta manera los países desarrollados evitaran la responsabilidad histórica que tienen de hacer reducciones domésticas, es decir, en sus países, trasladando más bien dicha responsabilidad a nuestros países pobres.


Que con los documentos aprobados sin consenso se establece que los países en vías de desarrollo deberán elaborar e implementar estrategias nacionales forestales, planes nacionales forestales, sistemas forestales de monitoreo para la conservación de los bosques como depósitos y absorbedores de carbono y para el manejo integral de bosques en base a guías, manuales y regulaciones aprobados por un organismo de la Conferencia de Naciones Unidas, quitándonos así soberanía para legislar, planificar y regular nuestros bosques en base a nuestros propios criterios, guías y principios. De esta manera los estados de países en vías de desarrollo pierden control soberano sobre la planificación y regulación de los bosques y la ceden a organismos internacionales.


Que los países desarrollados tienen la obligación de proveer recursos financieros y tecnología a los países en vías de desarrollo para que estos últimos podamos hacer acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático tal como lo establece la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y que los documentos aprobados sin consenso en Cancún establecen, más al contrario que, para que los países en vías de desarrollo accedan a recursos financieros, tienen que realizar primero acciones de mitigación, es decir de reducción de gases, limitación de emisiones de gases y remoción o absorción de gases a través de nuestros bosques. De esta manera, el documento aprobado en Cancún claramente establece que si los países pobres necesitamos recursos financieros primero nos condicionaran a realizar acciones de mitigación que sean “significativas”, con lo cual someteremos nuestros países a exámenes y monitoreo permanentes de parte de organismos internacionales sobre nuestros proyectos aunque estos los hagamos con nuestros propios recursos financieros.


Que los países desarrollados han acordado no proveer sino “movilizar” 100 billones de dólares para financiamiento destinado a países en vías de desarrollo a partir del año 2020 y que estos recursos no serán donaciones ni aportes a fondo perdido, siendo más bien créditos en más de 40% y recursos provenientes de mercados de carbono en más de 30%. Es decir los países ricos han decidido que los países pobres tenemos que prestarnos plata de ellos y viabilizar los mercados de carbono con los cuales harán negocios. De esta manera seremos los países pobres y no los países ricos, los que proveeremos los recursos financieros.


Que los países desarrollados tienen la obligación de proveer tecnología a los países en vías de desarrollo para que podamos adaptarnos al cambio climático y podamos hacer acciones de mitigación, y que la transferencia de tecnología debe incluir la eliminación de todas las barreras, licencias y patentes y derechos de propiedad intelectual sobre esta tecnología. Y que el documento aprobado en Cancún no ha considerado, ni siquiera mencionado, y más bien ha eliminado todos los textos que ya existían sobre el tema de derechos de propiedad intelectual, licencias y patentes, demostrando así que los países ricos no tienen voluntad de permitirnos acceder a la tecnología necesaria para afrontar el cambio climático y que más bien pretenden que compremos esta tecnología haciendo del problema climático un buen negocio.


Que no se ha permitido incluir referencia alguna a la necesidad de crear un sistema de justicia climática para juzgar y sancionar a los que destruyen el planeta, un sistema de consulta a los pueblos sobre el cambio climático como es el referéndum climático, un reconocimiento de los derechos de la madre tierra y la armonía con la naturaleza, un reconocimiento a la problemática de los migrantes climáticos, un límite real al incremento de temperatura y compromisos claros de reducción de gases en el largo plazo que deberían ser del orden del 100% para 2050.


Que las propuestas de la Primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra realizada en Abril de 2010 en Cochabamba, Bolivia, no han sido incluidas en los documentos aprobados en Cancun.


Que el sistema capitalista mundial, basado en la explotación y destrucción de la madre tierra, en la sobre explotación de la naturaleza y de los seres humanos, en la concentración de riqueza en pocas manos a costa de generación de pobreza, es la causa estructural principal del deterioro del cambio climático y que este sistema depredador y enriquecedor de pocos se ha consolidado con los documentos aprobados en Cancún.


Que tenemos la responsabilidad moral, ética e histórica como pueblo boliviano de denunciar estos documentos aprobados en Cancún como un atentado grave a la madre tierra y a la humanidad, advirtiendo que quienes los reconocieron y apoyaron , quienes los firmaron o avalaron con su silencio serán responsables por los efectos que se producirán en el planeta y en nuestros pueblos.


La Primera Cumbre Social del Medio Ambiente, Agua y la Madre Tierra del Departamento de Chuquisaca-Bolivia, RESUELVE:

1. Desconocer los documentos aprobados sin consenso en la Conferencia de Países 16 sobre Cambio Climático (COP16) porque atentan los derechos de la madre tierra y atentan contra la sobrevivencia del planeta y la humanidad.


2. Apoyar plenamente a nuestro presidente el Hermano Evo Morales Ayma por no aprobar los documentos de la COP 16 de Cancún.


3. Apoyar todas las acciones que nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma realice a nivel mundial, pidiéndole que explique y difunda en el mundo los graves peligros que tienen estos documentos aprobados sin consenso en Cancún México.


4. Solicitar a nuestro Presidente Evo Morales se convoque a la Segunda Conferencia Mundial de los Pueblos Sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra para que los pueblos del mundo analicemos los peligros de los documentos aprobados irresponsablemente en Cancún y determinemos acciones a seguir para proteger y salvar a la madre tierra y la humanidad.


5. Desconocer, criticar y denunciar severamente a quienes tenían la obligación moral de observar y aclarar al mundo los peligros de estos documentos aprobados en la COP 16 aprobándolos con su silencio cómplice y dejando a su hermano país y a los representantes y portavoces de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra marginados y excluidos de la discusión de manera antidemocrática.


¡LA MADRE TIERRA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE!


Sucre - Bolivia, 17 de diciembre de 2010

Viernes 31 de Diciembre de 2010 14:26

Panorama Sombrío y desolador entre familias del Aguán

100_2324-2COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY. Trujillo, Colón. 30 de Diciembre /10. El recorrido agrario del presente año que está a escasas horas de expirar, transcurre lentamente y con el se van las últimas esperanzas de estas Comunidades Campesinas para haber alcanzado un acuerdo en la tenencia de la tierra, que augurara un futuro promisorio y de paz para sus familias. El nuevo año abrigará nuevas posibilidades para que en la complejidad de la problemática agraria se concreten acciones y soluciones valederas de peso y de largo alcance para la población del agro hondureño.


Esta emblemática Comunidad Guadalupe Carney, está arraigada por su turbulento proceso histórico y sus asentamientos humanos llegados al sector, en diferentes procesos de éxodo de hondureños, en búsqueda de  integración familiar, anhelados progresos y prosperidad económica, en un intento de las Organizaciones sociales, por disipar conflictos sociales en  Honduras, en los últimos veinte años. El último de estos sucesos se debió a la catástrofe natural del Huracán Mich, que desarticuló a los sectores más vulnerables de la población y los obligó a trasladarse masivamente a sectores más seguros, en muchos aspectos,  dentro y fuera del territorio nacional.


Este año trascendió empedrado de una alta conflictividad en el campo, generado por los poderosos intereses que prevalecen a favor de los zares que han acaparado bastas extensiones de tierras en diversos sectores del territorio nacional y en la cual sobresalen los puntos más álgidos como Zacate Grande en la zona sur y  el Valle del Aguán en el Norte de Honduras.


Los contrastes, entre los que, no están aquí y lo tienen todo y los que acá viven  y no tienen nada, conforman la formula que produce anticuerpos, entre los habitantes, que desarrollan sus actividades, como si todo pareciera normal y transcurre entre el  día y la noche, la luz y la oscuridad de estas preciadas tierras del Valle del Aguán y sus hermosas Comunidades.


Un solución a cargo del sector Gubernamental, parece muy distante, pasa por un principio de autoridad bien definido que, a nuestro juicio, no tiene la suficiente fuerza de poder para sentar decisiones contundentes  e históricas en la materia, habida cuenta la ingobernabilidad heredada del reciente Golpe de Estado de Junio de 2009, los graves compromisos de la componenda política de la repartición del pastel multicolor de una farsa electoral, el fallido estado de Derecho y el fortalecimiento del sector oligárquico, que se recrudece y reagrupa  a como da lugar, con nuevos aliados entre estos, la concesión y el afianzamiento de nuevas leyes  antipopulares, antidemocráticas  y de represión contra el pueblo, como un regalo estratégico del Congreso de la República y sus fieles y servidores Diputados,  para someter socialmente a los diversos sectores sociales del país.


Es evidente, que el nuevo año traerá consecuencias funestas en todos los órdenes sociales, el descontento  crece y ha sentado sus reales a lo largo y ancho del territorio nacional. El sector Campesino no es la excepción en esta vorágine.


El problema agrario es en suma, la continuidad del desorden social de quienes desde el poder, han envilecido y engañado a un  noble pueblo que por tantas generaciones depositó su confianza en los políticos de turno  y en las estructuras castrenses que han compartido una alta cuota de responsabilidad histórica en los regímenes militares que han controlado el poder por décadas  con un grave impacto en las generaciones futuras del desarrollo nacional.


Es de considerar, que al igual que Zacate Grande y El Aguán, son ya, polígonos de tiro al blanco del  sistema oligárquico y sus aparatos de Seguridad militar, policial y privado, por la conflictividad y el Estado anárquico entre pobres y ricos, no cabe la menor duda que, en el nuevo año surgirán nuevos bastiones de lucha, no solo en el orden territorial y por el pleito de tierras, sino en el orden social surgirán otros puntos de descontento, inspirados por la profunda brecha  ya incentivada y que  ha polarizado los interés de clases de los hondureños.


Mario Díaz. EL LIBERTADOR. 30 de Diciembre de 2010



Grupos de Google
Recibe Noticias de FIAN Honduras
Correo electrónico:

« Agosto 2014 »
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31