Las Directrices Voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (de ahora en adelante “las Directrices”) son el primer instrumento exhaustivo de alcance mundial sobre la tenencia de la tierra y los recursos naturales preparado mediante un proceso intergubernamental integrador con la participación plena y efectiva de una amplia gama de actores relevantes. En este documento, se estipulan principios y normas internacionalmente aceptados que encauzan las prácticas responsables para el uso y control de la tierra, la pesca y los bosques.

Las Directrices son un punto de partida, y no un punto de llegada. Esa fue la filosofía detrás de los esfuerzos que todos los actores involucrados hicieron para lograr este consenso importante aprobado por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) en mayo de 2012. El logro de este consenso es uno de los éxitos más notables del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. En el transcurso de un largo proceso de negociación, pero de gran éxito, las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales tuvieron un impacto significativo en la elaboración de las Directrices en una serie de puntos clave. Contribuyendo con intervenciones fundamentadas y elocuentes, presentaron una serie de puntos de vista, experiencias, voces y propuestas de los productores de alimentos a pequeña escala, agricultores familiares y de los sectores de la población mundial que están más expuestos a la inseguridad alimentaria. El reconocimiento de los derechos legítimos de tenencia, incluidos los derechos consuetudinarios, colectivos, los derechos de tenencia informales y los derechos de los pueblos indígenas, entre otros, es esencial para asegurar la subsistencia de millones de agricultores, comunidades indígenas, agricultores familiares, pescadores artesanales, pastores y criadores de animales de todo el mundo. El gran desafío de las Directrices es su carácter voluntario, que implica que su aplicación se basa en la acción concertada de todos los actores. Aunque los gobiernos tienen la responsabilidad primaria, el apoyo proactivo de otros actores es clave para asegurar un impacto positivo en el terreno.

 

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