Estados tienen obligación y jurisdicción extraterritorial en respeto de DDHH | Tercer día de debates en Grupo intergubernamental sobre empresas transnacionales | Blog de la RIDH

Por: Lucía Castaño

Una frase puede resumir el arranque del tercer día de reunión del Grupo de Trabajo intergubernamental para la elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante en materia de empresas y derechos humanos, hoy miércoles 8 de julio: los Estados deben velar por que las empresas que actúan en su territorio respeten escrupulosamente los derechos humanos y continúen haciéndolo cuando trabajen en Estados terceros, sin menoscabo de su soberanía nacional.

Así es. Panelistas, misiones diplomáticas y ONG resaltaron sin excepción, aunque con matices, que la obligación de los Estados en el sentido de velar por la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos por parte de privados, empresas y corporaciones incluidas, está ampliamente reconocida y se extiende más allá de sus fronteras.

El consenso sobre este punto y los matices que se asomaron durante las intervenciones de los participantes marcó el primer debate de la tercera jornada del Grupo de Trabajo, cuyo tema de discusión era “Obligaciones de los Estados para garantizar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales y otros negocios, incluyendo las obligaciones extraterritoriales”.

Los panelistas invitados intervinieron para precisar aspectos del tema ineludibles para la discusión sobre un futuro instrumento internacional.

El primero de ellos, Hatem Kotrame, recordó que parte de la obligación de respetar los derechos humanos consiste en no favorecer a ningún perpetrador por lo cual un Estado no debería, por ejemplo, contratar a una empresa responsable de abusos o violaciones. Otra dimensión de esa obligación es la difusión y promoción de los derechos humanos y la formación de funcionarios judiciales encargados de su protección. Kotrame, quien también es miembro del Comité de los Derechos del Niño, indicó que el instrumento en elaboración debe velar por que todas las empresas cuenten con una reglamentación que minimice las consecuencias potencialmente nefastas para la infancia, eliminar los obstáculos ligados a la territorialidad y favorecer la cooperación.

La segunda panelista, Kinda Mohamedieh, hizo énfasis en este último punto al señalar que un Estado no puede abordar aisladamente la problemática y que la acción coordinada entre los países es fundamental para lograr resultados. De igual manera, la experta resaltó que aunque a los Estados no se les puede culpar por las acciones de las empresas, sí pueden ser responsabilizados si no observan la diligencia debida para prevenir, investigar y castigar posibles violaciones de los derechos humanos cometidas por ellas. En su criterio, para que el instrumento internacional llene las lagunas del derecho internacional en la materia, debe abordar la dimensión extraterritorial del principio de diligencia debida y garantizar que las corporaciones no puedan manipular las diferentes legislaciones nacionales para evadir la justicia.

Posteriormente intervino Marcos Orellana quien señaló que el objetivo principal del tratado debe ser cerrar la brecha que se genera cuando un Estado permite la creación de una empresa bajo su jurisdicción, pero no se hace responsable por lo que haga más allá de sus fronteras. Para él es indispensable fortalecer los principios de diligencia debida y de conexión razonable entre empresas y Estado en el momento de establecer la responsabilidad jurídica. Para cumplir con sus objetivos, el instrumento debe velar también por la articulación de las obligaciones extraterritoriales de los Estados.

Richard Meeran aseguró, por su parte, que el establecimiento de la responsabilidad se complejiza en los casos en los que no son las empresas sino sus filiales en territorio extranjero las que han cometido violaciones de los derechos humanos. El instrumento en construcción podría dirigirse en ese sentido y actuar como correctivo a las deficiencias al acceso a la justicia en los Estados en los que están basadas las corporaciones. Meeran defendió también la pertinencia de invertir la carga de la prueba como mecanismo para acceder a los documentos internos que establecen los verdaderos vínculos de las empresas y sus filiales.

Los Estados que tomaron la palabra a continuación manifestaron su acuerdo con la responsabilidad estatal frente a la garantía del disfrute de los derechos humanos en el ámbito de las empresas. México, Ecuador y Gana formularon preguntas a los panelistas mientras que Rusia, China, Bolivia, Cuba y Venezuela, además de lo anterior, destacaron que en todo proceso que implique la jurisdicción extraterritorial no puede menoscabarse la soberanía nacional y debe evitarse el recurso a “medidas coercitivas unilaterales”.

La sesión continuará a las 3:00 pm, hora local de Ginebra, con una discusión sobre la mejora de la responsabilidad de las corporaciones transnacionales incluyendo la prevención, la mitigación y la reparación.

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