A pesar de acoger todas las recomendaciones dadas a Honduras para la protección de los derechos humanos en el país, FIAN Internacional lamenta que puntos clave para el cumplimiento del derecho a la alimentación, incluyendo el derecho a la tierra, se hayan descuidado.

Sesenta Estados Miembros de la ONU levantaron su voz en el Consejo de Derechos Humanos y dieron 152 recomendaciones al Estado de Honduras en su segundo Examen Periódico Universal (EPU). FIAN Internacional aplaude que temas como la impunidad, la imparcialidad judicial y los derechos de las mujeres fuesen abordados, pero lamenta la falta de recomendaciones para la creación de medidas estructurales que garanticen el derecho a la alimentación -así como otros derechos esenciales para su satisfacción plena, tales como el acceso a los recursos naturales y la tierra.

Honduras es uno de los países más pobres de América Latina, con el 70% de la población en situación de pobreza multidimensional. Esto es particularmente grave en las zonas rurales.

En su discurso inicial, la delegación hondureña enumeró una lista de medidas institucionales y legislativas adoptadas para promover los derechos humanos. Sin embargo, no hubo mención alguna de su impacto. Sobre el Bajo Aguán, los funcionarios estatales subrayaron que “no ha habido ninguna muerte a lo largo de 2014-2015”, y que Honduras está a punto de cumplir con todas las medidas provisionales y cautelares dictadas por el sistema de derechos humanos interamericano. FIAN Internacional señala que, sin embargo, la situación en el Bajo Aguán ha mostrado poco o ningún cambio en su núcleo, y que una solución sostenible y justa para resolver el conflicto suscitado por la tenencia de la tierra, en consonancia con el derecho a la alimentación y otros derechos humanos, no ha sido realmente buscada.

La investigación efectiva y la imposición de penas por los crímenes y violaciones de derechos humanos perpetradas por el Estado y los actores no estatales – incluyendo las compañías de seguridad privada contratadas por propietarios de tierra y de la agroindustria – contra los campesinos siguen siendo un reto importante. Noruega y Tailandia hicieron recomendaciones a este respecto.

En sus observaciones sobre los resultados de la revisión, la directora de FIAN Honduras Ana María pineda Medina, apunta: “En cuestiones de tierra, como es en el caso del Bajo Aguán, el gobierno hondureño aún responde con la militarización de zonas conflictivas y con la criminalización de los y las dirigentes campesinos/as, así como con aquellas personas que defienden los derechos humanos.
La permisividad que se le otorga a las empresas privadas de seguridad que están involucradas en violaciones de derechos humanos es alta. Además, cuando finalmente llega el momento de adjudicar tierras en disputa, éstas se venden a los campesinos/as a precios especulativos del mercado –muy por encima de su precio real. Hay una brecha entre lo que declara el Estado Honduras, lo que está legislado y lo que se aplica. Esto asimismo deriva en la falta de coherencia entre las políticas y el efectivo cumplimiento del derecho a una alimentación adecuada y a la nutrición”.

Honduras destacó que de las recomendaciones generales formuladas en la primera revisión en 2010, el país ha cumplido 82%, y que las restantes se encuentran en dicho proceso. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos de la llamada Plataforma EPU subrayan que esta auto-evaluación realizada por el Estado está lejos de la realidad, y que el informe del Estado de Honduras carece de “coherencia y expresión de un verdadero compromiso con los derechos humanos”.

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El derecho a la alimentación

El derecho a la alimentación implica que todas las personas por el simple hecho de existir, deben poder acceder a una cantidad y una variedad de alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable.

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