Concebir el problema de la inseguridad alimentaria y del hambre mucho más allá de una problemática nutricional o socioeconómica, centrado en la dignidad humana en el marco de los derechos humanos, ha sido el pilar central de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre.

El derecho a la alimentación es un derecho humano universal que permite que las personas tengan acceso a una alimentación adecuada y a los recursos necesarios para tener en forma sostenible seguridad alimentaria. Este derecho representa no sólo un compromiso moral o una opción de políticas, sino que en la mayoría de los países constituye un deber de derechos humanos jurídicamente obligatorio de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos que han ratificado. Se encuentra, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado (art. 25) y está consagrado con un mayor desarrollo en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966 como el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado (art. 11) y como el derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre (art. 12). Asimismo, lo amparan tratados regionales como el Protocolo de San Salvador de 1988.

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El derecho a la alimentación

El derecho a la alimentación implica que todas las personas por el simple hecho de existir, deben poder acceder a una cantidad y una variedad de alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable.

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