CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de lo Constitucional

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL

 

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil diecisiete.

VISTO:Para dictar sentencia en el Recurso de Inconstitucionalidad interpuso por vía de acción, por razón de contenido y de forma parcial, por los señores OCTAVIO SÁNCHEZ, miembro de la Asociación Nacional de Fomento a la Agricultura Ecológica (ANAFAE), CARLOS ANTONIO PADILLA ROIZ, miembro del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), JUAN ÁNGEL ALMENDAREZ BONILLA, miembro de Madre Tierra, ROGER ABRAHAM ESCOBER, miembro del Comité Ambientalista del Valle de Siria, FELIPE BENITEZ VASQUEZ, miembro del Movimiento Indígena Lenca de La Paz(MILPA), y JUANA DOLORES VALENZUELA, contra los artículos 22,27,53,67,68,76 y 77 de la LEY GENERAL DE MINERIA contenida en el Decreto Legislativo No. 238- 2012, emitido por el Congreso Nacional de La República, en fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil trece (2013) y publicado en el diario oficial la Gaceta número 33,088 en fecha dos (2) de abril del año dos mil trece (2013).

ANTECEDENTES

1)Que en fecha quince (15) de octubre del año dos mil catorce (2014), comparecieron ante esta Sala de lo Constitucional, los señores OCTAVIO SÁNCHEZ, miembro de la Asociación Nacional de Fomento a la Agricultura Ecológica (ANAFAE), CARLOS ANTONIO PADILLA ROIZ, miembro del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), JUAN ÁNGEL ALMENDAREZ BONILLA, miembro de Madre Tierra, ROGER ABRAHAM ESCOBER, miembro del Comité Ambientalista del Valle de Siria, FELIPE BENITEZ VASQUEZ, miembro del Movimiento Indígena Lenca de La Paz(MILPA), y JUANA DOLORES VALENZUELA, para que se declare la inconstitucionalidad por vía de acción de contenido y de forma parcial en los artículos 22,27,53,67,68,76 y 77 de la LEY GENERAL DE MINERIA contenida en el Decreto Legislativo No. 238- 2012, emitido por el Congreso Nacional de La República, en fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil trece (2013). Consideran los recurrentes que la ley General de Minería debería tener como objeto establecer el marco normativo e institucional que regirá el aprovechamiento sustentable y racional del subsuelo, conforme a lo establecido en la constitución de la República; se precisa de una legislación moderna, adecuada a los requerimientos actuales de fomento de la iniciativa privada, promoción de la inversión y el empleo, conservación ambiental y desarrollo sustentable, sin dejar de lado el bien primordial de la sociedad y el Estado: La Persona humana.

2) Que en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil catorce (2014), este Alto Tribunal, admitió el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto y en virtud de haber indicado el recurrente que el presente recurso va dirigido al contenido de la citada ley, se omitió el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la Republica y se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho, para que emitiese el correspondiente dictamen.

3) Que en fecha dos (02) de diciembre del año dos mil catorce (2014), se tuvo por evacuado el traslado concedido al fiscal del Despacho, Abogado ROGER LUDOVIDCO MATUS ZELYA, en su condición de Agente Fiscal, adscrito a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, quien emitió dictamen el cual fue de opinión que SE DECLARE SIN LUGAR el Recurso de Inconstitucionalidad, al considerar que del análisis realizado y siendo que la finalidad de la acción de inconstitucionalidad es la determinación del respeto a las garantías constitucionales de las normas sometidas al examen, al realizar el estudio de las mismas se encontró que no existe contradicción entre la norma secundaria y la constitución, en consecuencia se encuentra que el contenido de los artículos 22, 27, 53 literal a 56,67,68, 76 y 77 de la Ley General de Minería por el Congreso Nacional de la Republica mediante Decreto Legislativo No. 238-2012 es constitucional, ya que este desarrolla la forma en que se otorgaran las concesiones para explotación minera en nuestro país, que es absolutamente permitido en la Constitución de la Republica, en consecuencia no existe un conflicto entre la norma primaria y la norma secundaria, por lo cual resulta la aplicabilidad e los artículos de la ley en mención.

CONSIDERANDO (1): Que corresponde a la Corte Suprema de Justicia, la facultad originaria y exclusiva de conocer de la garantía de inconstitucionalidad[1] por medio de la Sala de lo Constitucional, en su carácter de intérprete último y definitivo de la Constitución al caso concreto.

CONSIDEREANDO (2): Que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conoce de la garantía de inconstitucionalidad que por vía de acción interpusieran en fecha quince de octubre del año dos mil catorce, Los señores OCTAVIO SÁNCHEZ, miembro de la Asociación Nacional de Fomento a la Agricultura Ecológica (ANAFAE), CARLOS ANTONIO PADILLA ROIZ, miembro del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), JUAN ÁNGEL ALMENDAREZ BONILLA, miembro de Madre Tierra, ROGER ABRAHAM ESCOBER, miembro del Comité Ambientalista del Valle de Siria, FELIPE BENITEZ VASQUEZ, miembro del Movimiento Indígena Lenca de La Paz(MILPA), y JUANA DOLORES VALENZUELApara que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 22,27,53,67,68,76 y 77 de la LEY GENERAL DE MINERIA contenida en el Decreto Legislativo No. 238- 2012, se declare la incompatibilidad del contenido y consecuentemente la derogatoria de las preceptos apuntados.

CONSIDERANDO (3): Que los garantistas al formalizar la inconstitucionalidad por razón de contenido contra los artículos 22, 27, 53, 56, 67, 68, 76 y 77 de la Ley de Minería, argumentan básicamente lo siguiente: a) Que en la esfera de los Derechos Humanos, específicamente de los derechos individuales, La constitución de la Republica destaca bienes jurídicos protegidos como el de la vida. La vida humana solamente es factible en armonía y solidaridad con la naturaleza. Este bien es el que principalmente se consagran las cartas fundacionales de todas las naciones (constituciones), y constituye el núcleotransversal en todas las conferencias, convenciones y tratados internacionales. Por ello la vida solo es posible si los marcos regulatorios domésticos e internacionales son abordados por los órganos jurisdiccionales o de control constitucional con el rigor y respeto que la misma merece. La Constitución de la Republica de Honduras en el artículo 65, consagra la inviolabilidad de la vida, que indefectiblemente se encuentra ligada al derecho a la salud, consignando el artículo 145 del mismo instrumento legal. En igual sentido la ley primaria en su artículo 340 declara de utilidad pública la explotación técnica y racional de los recursos naturales del país, que se encuentran comprendidos dentro del marco de protección del bloque de constitucionalidad por constituir los dones de la naturaleza que hacen posible la vida y la salud de las personas como el agua, el aire, la flora, fauna, el bosque, suelo, clima, minerales, aluviales, el paisaje y otros intrínsecamente unidos a estos; b) precisión y argumentación detallada sobre los artículos que se consideran inconstitucionales. Artículo 22: “La Concesión de Explotación de minerales no metálicos y de gemas o piedras preciosas, tendrá un plazo no menor de diez (10) años a partir de su otorgamiento. La Concesión de explotación de minerales metálicos, tendrá un plazo no menor de 15 años a partir de su otorgamiento”. Este articulo funda un concesión a perpetuidad conculcando el artículo 205, numeral, 19 de la Constitución de la Republica, que dice que el Congreso Nacional podrá aprobar e improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente periodo de gobierno de la Republica, es decir que la limitación temporal de los contratos o concesiones es al siguiente periodo de gobierno. Además transgrede el artículo 339 de la Constitución de la Republica que prohíbe las prácticas monopólicas y oligopólicas. El artículo 22 de la Ley General de Minería, literalmente establece plazos mínimos de explotación de minería metálica y no metálica y de gemas y piedras preciosas, pero penosamente no coloca un periodo de cierre, límite o finalización, por lo que se desprende la posibilidad de una concesión a perpetuidad, siendo en extremo perjudicial para la vida en general y erario nacional en particular, porque por un lado magnifica el daño al ecosistema y al mediano y largo plazo conduce a negocios deficitarios para la administración Pública; c) Articulo 27: “LaEjecución de las actividades de explotación y de beneficio deben realizarse aplicando tecnologías adecuadas vigentes al momento de aprobación del proyecto, para garantizar la vida, la salud humana y la protección del medio ambiente. La concesión de beneficio será obligatoria para aquellos, que no siendo titulares de una concesión minera de explotación, capten minerales o productos intermedios minerales de concesionarios y terceros con el fin de beneficiarlos”. El artículo 27 de la Ley General de Mineríaconculca el artículo 61 de la constitución de la Republica, pues esta misma constitución Garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país el derechos a la inviolabilidad de la vida. También violenta el artículo 65 de la misma Constitución de que establece que el derecho a la vida es inviolable. Igualmente se vulnera el artículo 145 de la constitución que consagra el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y el deber del Estado de conservar un medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas. A través de este acción, afirmamos que el uso de tecnología y sustancias toxicas ponen en peligro la vida de las personas. A través de esta acción, afirmamos que el uso de estas tecnologías y sustancias toxicas ponen en peligro la vida de las personas, su derechos a la salud y a vivir en un ambiente adecuado. El artículo 27 pone en entredicho las garantías de vida, salud humana, protección al medio ambiente que enuncia, debido a que da pie a la utilización de la opción de cielo abierto, altamente destructiva, por lo que es prohibida y sin matices en el mundo desarrollado. Existen dos tipos de minería: la minería subterránea y la minería a cielo abierto. La diferencia entre ambas radica en que la minería a cielo abierto se caracteriza por una fuerte modificación del relieve. Existe un sinfín de fotografías de este fenómeno, en el cual se ven inmensas canteras de tipo circular, excavadas en “plateas”. La minería subterránea, al contrario, es caracterizada por uno o varios puntos de ingreso a galerías subterráneas. Sus ingresos también son más que conocidos. El artículo 63 de la Constitución de la Republica  es numerus apertus para los derechos que no están en la constitución y se entienden como no negados cuando se refieran al reconocimiento de otros derechos que figuran en otras legislaciones nacionales o universales y que nacen de entre otros principios de la dignidad del hombre y la dignidad es la que funda la vida en sociedad y en la naturaleza, El artículo 27 de la actual Ley General de Minería habla de tecnologías vigentes porque al ser un término relativo y ambiguo, da pie para la discrecionalidad y únicamente se justifica la irresponsabilidad y ausencias de escrúpulos de quien – por unos dólares más- prefiere enfermar a una comunidad entera con métodos de extracción baratos, de alta toxicidad, pudiendo emplear tecnologías limpias o de bajo impacto, pero al no determinarse las tecnologías dejan el campo abierto para el beneficio de las empresas y perjuicio para las poblaciones vulnerables; d) Articulo 53, inciso a)”Los titulares de concesiones gozan de los derechos siguientes: a) Uso de la superficie de la concesión cuando se trate de terrenos, que siendo del Estado, no estén siendo utilizados para labores productivas de ninguna naturaleza, previa autorización dela autoridad que corresponda;…”.Este articulo 53, ataca el artículo 344 último párrafo  de la constitución de la Republica que declara de necesidad y utilidad pública la ejecución de la reforma agraria, claramente podemos ver que el legislador constitucionalista da preeminencia a la persona humana otorgándole la prioridad en cuanto a aquellos terrenos que por su estado de ociosidadpueden ser destinados a la reforma agraria y que hoy esta Ley de Minería por medio del artículo 53 inciso a) entrega todas aquellas personas nacionales o extranjeras que por medio de un permiso de explotación minera hagan uso de estas tierras de forma indefinida siempre y cuando paguen el canon respectivo. Así mismo no se explica que muchas veces hay terrenos que no dan ninguna utilidad industrial o mercantil, pero si están cumpliendo una función ecológica, es decir terrenos llenos de foresta que son productores de oxígeno y que si cumplen una función en el ecosistema al ser albergue de aves y muchas vidas silvestre; e) Articulo 56 “El Canon Territorial es la contraprestación pecuniaria periódica que debe pagarse a partir del año en que se hubiere formulado la solicitud del derecho minero y durante la vigencia del mismo, de la manera siguiente: a) El equivalente en moneda nacional a uno cincuenta de DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$.1.50)por año y por hectárea o fracción otorgada o solicitada tratándose de concesiones metálicas de exploración; b) El equivalente en moneda nacional a TRES CINCUENTA DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERCIA (US$.3.50) por año y por hectárea o fracción otorgada o solicitada, tratándose de concesiones metálicas de explotación; c) El equivalente en moneda nacional a CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$.0.50) por año y por hectárea o por fracción otorgada o solicitada para concesiones no metálica o de gemas o de piedras preciosas de exploración; y, d)El equivalente en moneda nacional A DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$.2.0) por año y por hectárea o fracción otorgada o solicitada para concesiones no metálicas o de gemas o piedra precisas de explotación”. Este artículo está en contra del artículo 328[2] de la constitución de la República, también violenta el artículo 340[3] dela Constitución la República,además quebranta la norma 351[4]constitucional. Es importante descartar que el artículo 56 de la ley General de Minería precisa valores a pagar por cánones territoriales que son incluso inferiores a las cánones que fijaba la Ley General de Minería de 1999, dicha ley fue declarada inconstitucional en este apartado, porque las empresas mineras obtienen enormes ganancias frente a las miserables contraprestaciones a favor del Estado, lo que impide la materialización del bienestar general de la nación. Los cánones establecidos en esta disposición son irrisorios, infinitos y verdaderamente estimulan a las empresas a hacer el de depredadores sin compensar proporcionalmente las grandes utilidades que reciben. Esto contradice lo preceptuado en los artículos 328, 340 y 351 de la constitución de la República. Las campañas poco contribuyen porque el gobierno no sabe que es lo que extraen exactamente en las zonas en donde se ubican las explotaciones mineras, abunda la pobreza y enfermedad.  El pago en relación a los cánones mineros es inferior en Honduras con relación a los demás países mineros de América Latina. La exégesis que rigen el contexto de leyes provienen de las principios pro homine, pues ponen al hombre- mujer (persona) en la supremacía de los bienes jurídicos y todas las leyes giran en torno al respecto del ser humano como destinatario del derecho; f) Articulo 67: “Previo a la resolución de otorgamiento de la explotación, la autoridad minera solicitara a la Corporación Municipal respectiva y la población realizar una consulta ciudadana en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la notificación, en los términos que señala la ley de Municipalidades, cuyo resultado le será informado en un término no mayor de diez (10) días hábiles. La decisiónadoptada en la consulta es vinculante para el otorgamiento de la concesión de explotación. Si el resultado de la consulta ciudadana fuere de oposición a la explotación, no se puede volver a realizar sino hasta después de tres (3) años. La autoridad municipal respectiva debe solicitar el auxilio y la asistencia técnica y supervisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para el desarrollo de la consulta.”; Articulo 68: “Cuando el área de la concesión abarque más de un municipio, la consulta a que se refiere el artículo anterior debe practicarse en el municipio en el cual la concesión sea territorialmente mayor, sin perjuicio de que los vecinos de los otros municipios puedan concurrir a la consulta”. Como se aprecia del texto de los artículos 67 y 68, ambos están ambos están íntimamente relacionados en su vigencia violenta el artículo 61 de la Constitución de la Republica. Además, conculca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los pueblos Indígenas y Tribales en donde varios artículos consagran la consulta a los pueblos, antes de la realización de cualquier proyecto en tierras – territorios de los pueblos Indígenas. Asimismo violentan la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos Indígenas en diversos artículos también estable el derecho a la consulta a los pueblos indígenas cada vez que se pretenda impulsar un proyecto de “desarrollo” en sus territorios. Junto a la violación de estos dos instrumentos internacionales, los dos artículos contradicen la norma 173[5]y 346[6] de la Constitución de la Republica, los cuales obligan al Estado a proteger a los pueblos indígenas. Tal situación refuta el artículo 61constitucional, puesto que deja una impronta desigualdad por razones de diferencias de extensión territorial. Además viola los artículos 4, 6, 13, 14, 15, y 16 de Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales; los artículos 8, 10, 19, 23, 25, 26, 29, 32 de la Declaración de las Naciones Unidassobre los derechos de los pueblos Indígenas y los artículos 1, 21, 24 y 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. g) Articulo 76: “Son Aplicables a los titulares de concesiones de explotación y beneficio, de acuerdo a las leyes especiales, las siguientes cargas: A. Lo señalado en la Ley del impuesto Sobre la Renta;B. Lo dispuesto en la Ley del Impuesto Sobre Ventas; C. Impuesto al Activo Neto; D. Las tasas más servicios y tributos establecidos en la ley de Municipalidades y en el Plan de Arbitrios Municipal; E. tasa de Seguridad según se describe en los literales f) y g) de este artículo; F. Derecho de Vigencia o superficie o el llamado canon superficial Territorial; y G. Laminería no metálica de carácter industrial y la de gemas o piedras preciosas, pagaran dos punto cinco por ciento (2.5%) en base al valor FOB o en base al valor en planta o ex – fabrica según sea el caso, desglosado así: a) Uno por ciento (1%)para el municipio donde se extrae el material; b) Cero Punto Cincuenta por ciento (0.50%) a favor de la Autoridad Minera; y, c) Uno Por ciento (1%) en concepto de Tasa de Seguridad. H. La Minería Metálica, los óxidos y sulfuros (no metálicos) de los cuales se extraen metales pagará el seis por ciento (6%) sobre el valor FOB de las ventas o exportaciones, desglosando de la manera siguiente: a) El dos por ciento (2%) en concepto de tasa de seguridad que debe ingresar a la Tesorería General de La Republica; b) El dos  por ciento (2%) en concepto de impuesto municipal, que debe ingresar a la Tesorería Municipal donde se encuentre ubicada la explotación minera; c) El uno por ciento (1%) de contraparte en los proyectos de desarrollo de la Ley de Promoción alianza Público- Privada (COALIANZA); y, d) El restante uno por ciento (1%) a favor de laautoridad minera para fortalecerla en sus actividades de control e investigación científica. Los tributos establecidos en los literales g) y h) no son aplicables a los titulares de explotaciones artesanales.” Esta disposición atenta contra el sistema económico y el sistema tributario de Honduras, al confrontar la disposición 328[7] y 351[8] de la Constitución de la Republica. La norma 76 de la Ley General de Minería incunple los requisitos de constitucionalidad a los gravámenes denominados municipales del 1% y 2% sobre el valor total mensual de las ventas o exportaciones de los recursos. Es imperativo que el legislador revise los valores mencionados, los que deben ser establecidos considerando los patrones internacionales y el tipo de valor de los productos desenterrados, para que sirvan al desarrollo económico y así alcanzar el bienestar de toda la población. Visto de esta forma, se estima que el régimen tributario de la Ley constitucionalmente confrontada, no satisface las expectativas que la constitución manda, por cuanto no constituye para el Estado un medio regularmente significativo y por ello contraviene lo dispuesto por los artículos 328 y 340[9]en relación con el 1[10] de la Constitución de la Republica. H) Articulo 77: “Del impuesto mensual que le corresponde a la o las Municipalidades, se destinara un cinco por ciento (5%) para la conformación de un fondo de Inversión Social, bajo la figura de un Fideicomiso, con el propósito de ejecutar proyectos de inversión en áreas distintas a la minería, para la generación de empleo en otros rubros. El impuesto a que se refiere este artículo se pagara dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente. De acuerdo a la presentación de liquidaciones y actas de exportación del mes anterior y es deducible como gastos para la determinación del Impuesto Sobre la Renta. Además de los Tributos anteriores los concesionarios mineros estarán obligados al pago de los impuestos estatales establecidos en otras leyes que les sean aplicables. Las condiciones de inversión Fideicomiso a que se refiere este Artículo, serán determinadas en el Reglamento de la presente ley. “Este artículo establece la figura del Fideicomiso, mediante la cual se otorga el manejo de bienes nacionales a bancos privados, con lo cual se erosiona el bloque de constitucionalidad nacional, pues conculca el artículo 335, numeral 16 de la Constitución de la Republica, que otorga poder Ejecutivo la facultad de administrar la hacienda pública y el artículo 245, numeral 26, de la misma constitución de la Republica que faculta al presidente de la Republica para recaudar bienes públicos y reglamentar su inversión. El Poder Ejecutivo no puede renunciar a su deber de administrar la cosa pública trasladándolo a particulares el numeral 26 del artículo 245 de la Carta Magnaatribuye al presidente de la republica la recaudación de los tributos y reglamentar su inversión. Un banco privado no puede suplantar al Fondo Hondureño de Inversión social (FHIS), creado para tales menesteres. Las atribuciones del presidente de la republica que fue electo por el soberano para cumplir con lo que manda la Constitución y lasleyes, no tiene el carácter de cosa mercantil que queda, por ello entrar en el comercio de los hombres: sus atribuciones no tienen tampoco un carácter potestativo, es decir, que sean objeto de la liberalidad del ciudadano presidente para cumplirlas o no son, por el contrario un mandato del pueblo soberano con carácter imperativo y como tal deben cumplirse sin posibilidad de desentenderse de ellos. Es claro que se pervierten los principios que rigen la administración pública, y sus condicionamientos de control con la aplicación de esta figura de Fideicomiso, para convertir los bienes públicos en mercancía y la inversión pública en negocios privados y ello sucede de esta forma, porque el Fideicomiso es una figura eminentemente mercantil y no existe ninguna clase de ley que lo funde para manejar fondos públicos. i) Esta Ley tampoco desarrollo lo correspondiente a zonas protegidas, de amortiguamiento, parques ecológicos y culturales patrimoniosde la humanidad u otros lugares sujetos a regímenes especiales, que inexorablemente llevan, previo a la explotación de cualquier proyecto, estudios de factibilidad y los diferentes estudios antropológicos paraamparar las poblaciones vulnerables. Concluyen los recurrentes indicando que las garantías constitucionales violadas por la Ley General de Mineríaestán contempladas en los artículos 1, 5, 15, 59, 60, 61, 65, 145, 245, 328, 331, 333, 339, 340, 344, 345 y 351 de igual manera se quebranta el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.

CONSIDERANDO (4): que al tenor de lo preceptuado en el artículo 185 Constitucional en relación con los artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; La acción de inconstitucionalidad, podrá ser solicitada por quien considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo. Acriterio de este Alto Tribunal, los recurrentes, en la condición en la cual comparecen cuentan con la legitimación necesaria para interponer la presente garantía, ello en virtud que los derechos invocados por los recurrentes a la conservación del medio ambiente y el desarrollo sustentable, son de interés de la humanidad por entero y de cada ser humano y el medio ambiente resulta de una interacción inevitable.

CONSIDERANDO (5): Que el articulo 79 No 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece, que la demanda de inconstitucionalidad por vía de acción deberá contener entre otros requisitos, el señalamiento de la Ley o alguno (s) de sus preceptos cuya declaración inconstitucionalidad se pretende, en virtud de tenerse un interés directo, personal y legitimo; requisitos ineludibles exigidos por la Constitución de la Republica, los cuales como queda expresado, son cumplidos en la presente acción constitucional.

CONSIDERANDO (6): Que nuestra constitución privilegia a persona humana al declarar que constituyente “el fin supremo de la sociedad y el Estado y que su dignidad es inviolable, estableciendo por tanto la obligación de todos de respetarla y protegerla”. En virtud de lo cual la interpretación que se haga el texto constitucional deberá ponderar los postulados pro homineque en nuestra ley fundamental constituyen un eje transversal, en consonancia con los instrumentos internacionales relativos a protección de derechos humanos celebrados por Honduras.[11]

CONSIDERANDO (7): Que la inconstitucionalidad de la Ley General de Minería ha sido planteada con el objeto de que la misma debe establecer el marco normativo e inconstitucional que regirá el aprovechamiento sustentable y racional del subsuelo, conforme a lo establecido en la Constitución de la República, precisando de una legislación moderna adecuada a los requerimientos actuales de fomento de la iniciativa de privada en promoción de la inversión y el empleo, conservación, ambiental y desarrollo y desarrollo sustentable, sin dejar de lado el bien primordial de la sociedad y el Estado, que lo constituye la persona humana.

CONSIDERANDO (8): Que en la presente acción de inconstitucionalidad se aprecia la coincidencia parcia8l con el juzgamiento constitucional dictado en fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil seis (2006), por los Magistrados y Magistradas de esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; en virtud de construir precisamente el objeto de examen constitucional, en ambos expedientes, diferentes artículos que conforman la Ley General de Minería; el estudio de la acción constitucional juzgada en el año dos mil seis, se relacionaba con los artículos 25, 26, 32, 35, 74, 76, 79 y 85 contenidos en el Decreto Legislativo No 292 – 98 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS y publicado en Diario Oficial “La Gaceta”, en fecha seis (6) de febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999), mediante el cual se creó la “Ley General de Minería”, vigente a la fecha de interposición de la acción de inconstitucionalidad ut supra. Se observa a sí mismo, que sé que se peticiona en ambas acciones, inter alía, la supuesta confrontación de la norma legal impugnada para con el articulado 60, 145, 331, 333, 339 y 351 de la Constitución de la Republica. No sucede lo mismo, sin embargo, con la expresada confrontación de la nueva norma legal creada para con el tenor de los artículos 1, 5, 15, 59, 61, 65, 245, 328, 340, 344 y 345 de la constitución de la Republica, los cuales únicamente se invocan como lesionados en el curso de la presente garantía constitucional.

CONSIDERANDO (9): Que en la motivación del antes referido fallo que declara HA LUGAR la Garantía deInconstitucionalidad[12]promovida, mismo que fuera dictado por esta honorable Sala de lo Constitucional de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil seis (2006) (Expediente) número RI 172 – 06, se establece en su parte conducente: “……….12

CONSIDERANDO:Que a criterio de la Sala de lo Constitucional la impugnación del artículo 35 de la Ley General de Minería, que establece el canon territorial que deberían pagar anualmente los concesionarios de la industria minera, debe ser analizado en conjunto con los artículos 36 y 39 del mismo cuerpo legal, en virtud de estar relacionados en forma estrecha y directa; decisión que se fundamenta en el efecto extensivo de la declaratoria de inconstitucionalidad previsto en el artículo 90 de la Ley sobre justicia Constitucional. La recurrente ataca la desproporción del canon territorial impuesto a las compañías mineras el cual contrasta con los beneficios obtenidos por dichas empresas, habida cuanto de que el Estado no tiene conocimiento del alcance de los mismos, dado que la exportación se realiza en broza, lo que impide cuantificar a cabalidad que minerales están siendo exportados y cual es el lucro que ello produce. La Sala de lo constitucional es del parecer de la legislación, tomando en cuenta los valores que operan internacionalmente, debe garantizar la obtención de las mejores utilidades a favor del Estado, de manera que los ingresos para el país, sean equitativos y justos en proporción con la rentabilidad obtenida por los inversionistas; además de que justifiquen el siempre presente impacto ambiental, devenido por la explotación de esos recursos. De tal suerte que si el legislador ha determinado que las utilidades obtenidas por el país sea mediante un pago de canon territorial[13], este debería fijarse en términos más justos y equitativos para las finanzas del Estado, en virtud que los valores expresados en el artículo que se impugna son ínfimos y no son acordes con el valor real de nuestros recursos naturales, careciendo además de garantías para la indemnización de daños y perjuicios ocasionados. La Sala estima importante que la legislación debe prever que se exploren otros sistemas para calcular la obtención de capital, que den más valor a nuestros recursos y permitan la captación de ingresos más cuantiosos, exempli gratia determinación del canon de conformidad con el tipo de mineral, es decir si son preciosos como el oro y la plata, no ferrosos, siderúrgicos, etc.En ese orden de ideas tenemos, que el articulo 34 contempla valores muy bajos de producción mínima al igual que la penalización  señalada por el artículo 36, debiéndose en consecuencia modificar a valores que den cumplimiento al mandato constitucional en cuanto a satisfacer las necesidades al pueblo hondureño. Igual análisis se hace de los artículos 39 y 105 de la Ley General de Minería, que se refieran por su orden al Canon de Beneficio que deben pagar las concesiones de ese tipo anualmente[14]y al impuesto denominado municipal del 1% sobre el valor total mensual de las ventas o exportaciones de los recursos[15]. Para la Sala de lo Constitucional es necesario, en áreas de la dignidad nacional, que el legislador revise los valores mencionados, los que deben ser establecidos, teniendo en cuenta los estándares internacionales y el tipo de valor de los productos extraídos, para así dar a nuestros recursos mineros el destino que la ley fundamental les reserva, es decir servir para el desarrollo económico y para alcanzar el bienestar de toda la población. Visto de esta forma, la Sala estima que los cánones y regalías previstos por la ley constitucionalmente confrontada, no satisfacen las expectativas que la construcción manda, por cuanto no constituyen para el estado un medio regularmente significativo de obtención de ingresos, de manera que se colige que los recursos extraídos no han redundado para el país en el rendimiento que demanda el espíritu de la constitución. De allí que se reputan inconstitucionales los artículos 34, 35, 36, 39 y 105  de la Ley General de Minería por contravenir lo dispuesto por los artículos 328 y 340 en relación con el 1 de la Constitución de la República… 15 CONSIDERANDO: Que en relación al impacto que sobre el medio ambiente tiene la explotación de los recursos mineros, La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en virtud del efecto extensivo de la declaratoria de inconstitucionalidad previsto en el artículo 90 de la Ley sobre Justicia Constitucional, amplía en análisis del artículo 79 de la Ley General de Minería al artículo 40[16] de esa misma ley, que se relaciona con el mismo. Entonces el análisis de ambos artículos tendrá como objetivo verificar si este contraviene la constitución por omisión, al no preveer los medios idóneos y necesarios para preservar la existencia de la fauna y la flora; y además garantizar la vida humana en condiciones de bienestar y dignidad; en fin un medio ambiente sano como resultado de una explotación responsable y controlada que conduzca al desarrollo sustentable. Para ello se parte la premisa de que la explotación minera es una actividad rentable e importante para la economía del país, pero también es altamente contaminante[17] y perjudicial para la vida, por lo que se hace necesario que la legislación cuente con disposiciones efectivas de protección. Para efectos de una sentencia deberá entenderse por contaminación el efecto negativo que resulta de la intervención del ser humano en el medio ambiente, que se traduce en daños o amenazas para La vida, salud y bienestar; que afecta el suelo, el aire, el agua e incluso el paisaje.[18] …17 CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el Bloque de Constitucionalidad, el Estado conservará el ambiente[19] adecuado para proteger La salud de las personas, declarando de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la nación.

Que la destrucción acelerada de los recursos naturales y la degradación del ambiente amenaza el futuro de la nación ocasionando problemas económicos y sociales que afectan la calidad de vida de la población, y que es deber del Estado propiciar un estilo de desarrollo que, a través de la utilización adecuada de los recursos naturales y del ambiente, promueva la satisfacción de las necesidades básicas de la población presente, sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan sus propias necesidades. Por lo que la importancia y la trascendencia de la problemática ambiental requiere de una organización y estructura administrativa que responde en forma coherente armónica e integral a nuestra situación ambiental. Asímismo la sala en acopio de diferentes instrumentos internacionales subraya la participación comunitaria como instrumento imprescindible para lograr la protección, conservación y uso racional de la riqueza natural del país y del ambiente en general… 19 CONSIDERANDO: Que como corolario a lo anteriormente desarrollado, La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia señala, que la minería es por naturaleza insostenible, pues el agotamiento de los recursos es inevitable. Por otra parte, el impacto ambiental que produce la actividad minera es siempre de gran magnitud y muchas veces negativo para el medio ambiente y la vida. En virtud de ello es indispensable que su explotación reporte a la sociedad hondureña los más altos índices de beneficio, traduciéndose esto en ganancias económicas rentables que puestas al servicio de la gente, signifiquen mejores condiciones para todos y un impacto ambiental aceptable que no perjudique la vida y la salud de nadie. De no reunirse estas dos condiciones, la Sala de lo Constitucional, primero en defensa del ser humano, como centro, razón y fin supremo de la sociedad y el Estado; y segundo, en protección de nuestra Honduras, estima que la actividad minera es beneficiosa si se traduce para desarrollo para el país y mejoramiento de calidad de vida del hondureño. En este sentido, si la legislación que regula la actividad minera no es capaz de asegurar los beneficios apuntados y evitar los perjuicios señalados, no se encuentra de conformidad con las aspiraciones de Constituyente al promulgar La Constitución de la República, por lo que procede que este alto tribunal en función de legislador negativo, declare la inconstitucionalidad de las normas apuntadas …”.

CONSIDERANDO 10 : Que como ha quedado relacionado en la presente acción de inconstitucionalidad, en fecha cuatro (04) de octubre del año de dos mil seis (2006), observando la motivación expuesta en los Considerandos que anteceden, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de sus miembros, dictó resolución  definitiva de la acción de inconstitucionalidad con registro de este Alto Tribunal número RI 172-06DECLARANDO HA LUGAR LA GARANTIA DE INCONSTITUCIONALIDAD promovida por vía de acción y por razón de contenido, contra los artpiculos 25, 26, 35, 36, 39, 40, 74, 76, 79 y 105 contenidos en el decreto número N°. 292-98 publicado en fecha seis de Febrero del año mil novecientos noventa y nueve, en el Diario Oficial “La Gaceta” número 28785, mediante el cual se creó la “Ley de Minería” , vigente en aquel entonces. CONSIDERANDO (11): Que como ha quedado relacionado en la presente sentencia, se ha presentado de nuevo, por parte de varias personas que forman parte de diferentes organizaciones de protección al medio ambiente, con la legitimación necesaria, acción para que se declare la inconstitucionalidad por vía directa, en forma parcial y por razón de contenido de los artículos 22, 27,53, 56, 67, 68, 76 y 77 del decreto No. 238- 2012 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA en fecha quince (15) de marzo del año dos mil trece (2013), publicado en el Diario oficial “La Gaceta” número 33088 en fecha dos(2) de abril del año dos mil trece (2013); para lo cual han esgrimido los argumentos que han estimado conducentes a su pretensión, según queda expuesto y relacionado en el Considerando 3) de la presente acción de la inconstitucionalidad, lo cual amerita una respuesta en derecho congruente y de fondo por esta Alta Sala de Justicia Constitucional.

Considerando (12): Que el decreto No. 238-2012 que contiene la Ley General de Minería, derogó el Decreto No. 292-98, que contenía la anterior ley General de Minería, en el que también fueron acusados de inconstitucionales varios artículos, como actualmente plantean los recurrentes con la vigente Ley General de Minería. La norma vigente fue creada básicamente con el propósito de desarrollar la normatividad relativa a la pequeña minería y la minería artesanal, dejando de lado las observaciones realizadas en la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de varios artículos que comprendían la anterior ley que regula la actividad minera, al determinar este Alto Tribunal que la ley bajo estudio no contenía disposiciones y políticas energéticas que protejan, conserven, restauren el entorno ambiental, así mismo que la ley no contenía provisiones a métodos de explotación extremos que perjudican inclusive la vida, especialmente la humana, mediante el uso de agentes químicos altamente tóxicos que son depositados en tierra, vertidos en agua o liberados en el aire. Deficiencias que son observadas en la creación de la vigente Ley General de Minería que es objeto de estudio nuevamente por este Alto Tribunal con el propósito de establecer si los artículos señalados de inconstitucionales vulneran o no derechos humanos y fundamentales reconocidos a los habitantes de esta nación, constituida como un Estado de Derecho para asegurarles a estos el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.

CONSIDERANDO (13): Que la minería es una actividad económica del sector primario representada por la explotación o extracción de los minerales[20]  que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos. Dependiendo del tipo del mineral a extraer, la actividad se divide en minería metálica (cobre, oro, plata, aluminio, plomo, hierro, mercurio, etc.), que son empleados como materias primas básicas para la fabricación de una variedad de productos industriales. La Minería No Metálica o también denominada de cantera y construcción (arcilla, cuarzo, zafiro, esmeralda, granito, mármol, mica, etc.) son usados como materiales de construcción y materia prima de joyería, ornamentación y otros usos. Otro tipo de minería es la extracción de minerales energéticos o combustibles, empleados principalmente para generar energía, como por ejemplo el petróleo, gas natural, y carbón o Hulla[21].

CONSIDERANDO (14): Que conforme al bloque de convencionalidad, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales. Es innegable que la industria minera se ha convertido en fuente de desarrollo económico para diferentes naciones, es por ello la necesidad de explotación racional de estos recursos, en los países en desarrollo, logrando el equilibro entre el desarrollo sustentable y el medio ambiente. La industria Minera es la explotación de los recursos no renovables, que yacen en el subsuelo, siendo necesario que tal actividad sea realizada en forma tal que responda las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.

CONSIDERANDO (15): Que Honduras ha suscrito diferentes declaraciones, convenciones y tratados relacionados con la protección del medio ambiente, ante la preocupación de diferentes Estados, en cuanto al poder alcanzar el desarrollo económico con la debida protección del medio ambiente como parte integrante del proceso desarrollo. Ello porque los seres humanos son lo más valioso de todas las cosas del mundo, siendo ellos quienes promueven el proceso social en todos los ámbitos, y de un medio ambiente sano depende el desarrollo en todos los aspectos de ser humano, a mejores condiciones de vida y de estado en general. Precisando la promulgación de leyes eficaces en relación al medio ambiente a fin de lograr la paz, el desarrollo, y la protección del medio ambiente de forma conjunta.

CONSIDERANDO (16): Que el artículo 22 de la ley que se impugna establece plazos mínimos en la concesión de explotación de minerales no metálicos y gemas preciosas de diez años a partir de su otorgamiento y de quince años como plazo mínimo para la explotación de minerales metálicos, lo cual infringe las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 339 y 340, al no establecerse los tiempos máximos de duración de la concesión de explotación; Plazos máximos debidamente fijados para las concesiones de prospección y exploración en el artículo 16 de la ley en comento, situación que favorece el criterio de esta sala, los monopolios que prohíbe la Constitución de la República, entendido el monopolio como el derecho legal concedido por el Estado a un individuo, grupo o empresa para explotar con carácter exclusivo alguna industria o comercio, siendo también una situación de mercado en la que un productor o vendedor es el único que explota un bien o servicio, lo que le confiere un gran poder, brindando la posición de privilegio. Estas situaciones es lo que precisamente previene la Constitución de la República al garantizar y fomentar en el precepto 331 las libertades de consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación de empresa, entre otros; Sin embargo el ejercicio de dichas libertades no podrá ser contrario al interés social ni lesivo a la moral, la salud o la seguridad pública. Por ello y con el fin precisamente de lograr la explotación racional de los recursos naturales los cuales son declarados de utilidad y necesidad pública, para garantizar un medio ambiente sano para el beneficio de los habitantes de la nación, el Estado deviene obligado a reglamentar el aprovechamiento de los recursos naturales de acuerdo con el interés social, sin olvidar la armonía con la protección y conservación de los bosques, fuente primaria de un medio ambiente sano. Aún más la Sala de lo Constitucional estima que el Estado debe extremar su celo cuando se comprometen  recursos naturales, especialmente al tratarse de recursos no renovables, es así que en la Carta Magna en consonancia con las libertades supra indicadas, establece en el artículo 340 que se declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la nación, estando obligado conforme a ello el Estado, a reglamentar su aprovechamiento de acuerdo con el interés social, fijando las condiciones para su otorgamiento a los particulares, siempre en respeto a los principios de la misma constitución fija, siendo del parecer que el artículo 22 cuestionado es inconstitucional por contravenir los artículos 339 y 340 en relación con el artículo 331, de la Constitución de la República.

CONSIDERANDO (17): Que el desarrollo económico y social es indispensable para asegurar a la persona humana un ambiente de vida y trabajo favorable y crear condiciones necesarias de mejora en la calidad de vida; la actividad minera es considerada como uno de los indicadores básicos de las posibilidades de desarrollo económico de una localidad, región o país, ejerciendo las actividades económicas una presión cada vez mayor sobre los recursos de la tierra, a raíz de las necesidades humanas; en tal sentido que es imperante reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insustentables y fomentar políticas públicas encaminadas a conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la tierra. El artículo 27 que se acusa de inconstitucional, señala que en la ejecución de actividades de explotación y de beneficio se aplicarán tecnologías adecuadas y vigentes al momento de aprobación del proyecto. Este Alto Tribunal estima que no se han previsto medios idóneos para asegurar que los métodos utilizados en el proceso de explotación aseguren las condiciones de salud y bienestar de la vida humana que garantiza la Constitución de la República, teniendo en consideración que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, estando todos en la obligación de respetarla y protegerla. Conforme a ello y a fin de proteger el medio ambiente en el que habita, los Estados deberán aplicar el criterio de precaución conforme a sus capacidades, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, así como la falta de certeza científica[22], debiendo utilizar la ciencia y tecnología como contribución al desarrollo económico y social, para descubrir evitar y combatir los riesgos que amenazan al medio ambiente. En consecuencia, se estima inconstitucional el artículo 27 de la Ley General de Minería, por contravenir lo dispuesto en los artículos 15, 16, 59, 63 y 65 de la Constitución de la República.

CONSIDERANDO (18): Que en relación a los derechos de los titulares de concesiones, el literal a) del artículo 53 de la Ley de Minería, impugnado de inconstitucional, concede el derecho a los titulares de concesiones, al uso de la superficie de la concesión cuando se trate de terrenos que siendo del Estado no estén siendo utilizados para labores productivas de ninguna naturaleza. Lo recurrente aducen que tal artículo contraviene el artículo 344 de la Constitución de la República, que determina que la Reforma Agraria es un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país destinado a sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y la productividad del sector agropecuario; En ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional no advierte confrontación alguna con la norma Constitucional invocada, pues el literal a) del artículo 53 que se impugna establece en forma clara y precisa que los titulares de concesiones gozan del uso de la superficie de la concesión y que siendo del estado no estén siendo utilizados para labores productivas de ninguna naturaleza, que es precisamente el fin de la Reforma Agraria, el garantizar la justicia social en el campo y aumentar la producción y la productividad del sector agropecuario del país y la generación de empleo en le zona rural; dotando de tierra al campesino, estimulando los beneficios, que le permiten la adopción de energías tendientes a elevar el nivel de vida propiciando con ello el proceso de transformación de la estructura agraria del país e incentivando la productividad del sector agrícola.

CONSIDERANDO (19): Que esta Sala de lo Constitucional, en relación a la impugnación del artículo 56 de la Ley General de Minería que establece el canon territorial que deberán pagar anualmente los concesionarios de la industria minera, mantiene el criterio plasmado en el juzgamiento constitucional dictado en fecha cuatro (04) de Octubre del año dos mil seis (2006)(expediente número RI 172-06, ello porque la legislación debe garantizar la obtención de las mejores utilidades a favor del Estado, de tal forma que los ingresos para el país sean equitativos y justos en proporción con la rentabilidad obtenida por los inversionistas; aunado a ello justifique el impacto ambiental que supone la explotación minera, en tal sentido que las utilidades obtenidas por el país sean fijados en términos más justos y equitativos para las finanzas del Estado. Si bien es cierto los valores fueron aumentados en la nueva Ley General de Minería, dichos valores no satisfacen el criterio de este Alto Tribunal el valor real de nuestros recursos naturales, debiendo explorar otros sistemas para calcular la obtención de capital que den más valor a nuestros recursos, por ello se reintegra la necesidad de revisar los valores aludidos, acorde a los estándares internacionales y el tipo de producto extraído. El artículo 56 que se acusa de inconstitucional fija valores que van desde el US$1.50 de dólar de los Estados Unidos de América hasta US$ 3.50 de dólar, pagos que serán realizados a razón de año y por hectárea o fracción de las concesiones otorgadas o solicitadas; ello sin realizar el artículo en comento, una clasificación del tipo de mineral que será extraído, sea éste precioso como el oro y la plata, no ferrosos, siderúrgicos, etc. Como lo dejó plasmado esta Sala en el juzgamiento constitucional ut supra; a manera de ejemplo en América Latina los ingresos de las industrias extractivas que se distribuyen son las regalías[23]; así tenemos en Brasil, las regalías son el 10% del impuesto bruto y las participaciones especiales que son 10% al 40% de los ingresos netos de grandes yacimientos; en el Perú el canon petrolero es de 12.5% del valor de producción, el canon gasífero es del 50% del impuesto a la renta y 50% regalías, la regalía minera se encuentra comprendida entre el 1 y 12% de las utilidades operativas de la empresa; en Bolivia las regalías son del 18% del valor de producción[24]. En ese orden de ideas se estima al igual que lo expresan los recurrentes que el precio del dólar se incrementa día a día, y los cánones establecidos se mantienen fijos y no sujetos a progresión, por lo que se convierte en efímero el canon a pagar por las concesiones otorgadas, en relación al aumento del precio de los minerales en el mercado internacional; así por ejemplo la onza de oro en el mercado internacional para el año 1999 era de US$.338 dólares americanos y para el año 2010 la onza de oro alcanzó un valor de US$.1280 dólares Americanos. Por lo que en efecto se determina la inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley General de Minería, por contravenir lo dispuesto en los artículos 328, 340 y 351 de la Constitución de la República.

CONSIDERANDO 20: Que conforme al bloque de convencionalidad, la mejor forma de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones[25]. Asimismo se debe procurar la creación de mecanismos para facilitar la participación de organizaciones, grupos y particulares interesados en los procesos de adopción de decisiones[26]. Los artículos 67 y 68 de la Ley General de Minería que se aducen inconstitucionales, establecen una consulta ciudadana previo al otorgamiento de la concesión de explotación, determinando asimismo que cuando el área de concesión abarque más de un municipio la consulta se aplicará únicamente en el municipio de mayor extensión territorial de la superficie a concesionar. Tales disposiciones vulneran el bloque de convencionalidad relativa a la protección del medio ambiente, el cual propicia la participación de todos los ciudadanos que se puedan ver afectados directamente con los proyectos de desarrollo que pueden generar perjuicios en el medio ambiente y en la salud de los mismos. El artículo 15 de la Constitución de la República preceptúa que Honduras hace suyos los principios y prácticas de derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universal; asimismo el segundo párrafo del artículo 16 de nuestra Carta Magna dispone que los tratados internacionales celebrados con Honduras por otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno. En ese orden de ideas, este Alto Tribunal reitera que teniendo nuestra Constitución como eje central a la persona humana, incorpora las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales de los derechos humanos, desarrollando la técnica constitucional denominada “derechos implícitos”, al señalar que los derechos que se encuentren expresamente declarados no implica la negación de otros. Es decir la Constitución constituye el estatuto mínimo de protección al ser humano, por ende no se agota en su texto sino que trasciende a sí misma y se complementa con los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos; interactuando y auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos fundamentales. Aunado a lo anterior, en relación a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, se garantiza la protección de los recursos naturales existentes en sus tierras, incluyendo la participación en la utilización, administración y conservación de dichos recursos[27]. Por ello en el caso de que la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo pertenezca al Estado, los gobiernos deberán establecer procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. A criterio de este Alto Tribunal los artículos 67 y 68 de la Ley General de Minería vulneran los preceptos constitucionales 15, 16, 61, 173 y 346, de allí que se reputan inconstitucionales; toda vez que el estado deviene obligado a dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas, especialmente de las tierras y bosques en donde estuvieron asentadas; recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad, de allí la necesidad de preservar y estimular dichas culturas; sin olvidar que el Gobierno de la República debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodenominación de los pueblos y la democracia participativa[28], esta última pilar fundamental para el sustento de un Estado de derecho, la que se refuerza y se profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional[29]. La participación ciudadana es un elemento necesario y pleno para el efectivo ejercicio de la democracia a efecto de promover y fomentar diversas formas de participación y de esta forma lograr el fortalecimiento de la democracia, que es máximo anhelo de todo Estado de Derecho, en busca de satisfacer al goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social como lo declara nuestra Carta Magna.

CONSIDERANDO (21): Que el artículo 76 de la Ley General de Minería, atacado de inconstitucional, establece cargas que deben pagar los titulares de las concesiones de explotación y beneficio, al municipio de donde se extraen los minerales, por el monto del 1% cuando se trata de minería no metálica y el 2% si se trata de minería metálica. Como se dejó plasmado en el juzgamiento constitucional de fecha cuatro de Octubre del año dos mil seis, este Alto Tribunal considera necesario que en aras de la dignidad nacional, el legislador revise tales valores, los que al igual que el canon que deben pagar los titulares de concesiones mineras, es menester se ajusten a los estándares internacionales, con el fin de lograr los criterios de desarrollo económico que establece la Constitución de la República, sustentándose el sistema económico del país, en los principios de eficiencia en la producción y justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional, precisamente para asegurar el bienestar de toda la población.De tal forma que el artículo 76 de la Ley de Minería, colisiona con lo establecido en los artículos 328 y 351 de la Constitución de la República.

CONSIDERANDO (22): Que la soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación. El artículo 1 constitucional declara que Honduras es un Estado de Derecho, el gobierno se ejerce por tres poderes, uno de ellos lo constituye el poder Ejecutivo, cuya titularidad es ejercida por el presidente de la República, en representación y para beneficio del pueblo; el presidente de la República tiene a su cargo la administración general del Estado, siendo entre otras sus atribuciones la de administrar la Hacienda Pública y hacer que se recauden las rentas del Estado y reglamentar su inversión con arreglo a la ley. El artículo 77 de la Ley General de la Minería, contraviene disposiciones constitucionales, al establecer que del impuesto municipal que le corresponde a la o las municipalidades, se destinará un 5% para la conformación de un fondo de Inversiones, bajo la figura de un fideicomiso. Si bien se puede establecer restricciones, modalidades o prohibiciones para la adquisición, transferencia uso y disfrute de la propiedad estatal y municipal, estas deben establecerse a través de una ley, tal y como lo determina el artículo 341de la Constitución de la República, teniendo como propósito razones de orden público, el interés social y la conveniencia nacional. El Fideicomiso es un contrato en virtud del cual una o más personas transmiten bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra persona (física o jurídica, llamada fiduciaria) para que ésta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero, llamado beneficiario, y se transmita, al cumplimiento de un plazo o condición, al fiduciante, al beneficiario o a otra persona llamado fideicomisario. Conforme al anterior concepto de lo que constituye un fideicomiso es imperativo que la transferencia de bienes propiedad del Estado o de un Municipio se encuentre previamente regulados en una ley; es criterio de la Sala que el artículo impugnado no desarrolla en esencia el principio de Reserva de Ley, toda vez que dicho principio requiere que la materia sea regulada de una manera más o menos completa por la ley, al tratarse de una garantía constitucionalmente prevista destinada a asegurar que determinadas materias de especial importancia sean directamente reguladas por el titular ordinario de la función legislativa; en consecuencia no basta que el artículo 77 que se impugna establezca que se conformará un Fondo de Inversión Social, bajo la figura de un Fideicomiso, es necesario que se establezcan como requisitos imperativos las razones de orden público o de interés social, para la conformación de dicho Fideicomiso, condición que no cumple el artículo 77 impugnado, lo que contraviene disposiciones constitucionales establecidas en los artículos 245 numeral 26, 341 y 352, siendo en consecuencia inconstitucional.

CONSIDERANDO (23): Que a manera de conclusión y conforme a lo anteriormente desarrollado, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reitera, que la explotación minera es una actividad rentable e importante para la economía del país, pero en las condiciones actuales puede ser altamente contaminante[30]  y perjudicial para la vida, asimismo el agotamiento de los recursos es inevitable, por lo que se hace necesario que la legislación cuente con disposiciones efectivas de protección. Por otra parte, el impacto ambiental que produce la actividad minera es siempre de gran magnitud y muchas veces negativo para el medio ambiente y la vida. En virtud de ello es indispensable que su explotación reporte a la sociedad hondureña los más altos índices de beneficio, traduciéndose esto en ganancias económicas rentables que puestas al servicio de las personas, signifiquen mejores condiciones para todos y un impacto ambiental aceptable que no perjudique la vida y la salud de nadie. De no reunirse estas dos condiciones, la Sala de lo Constitucional, primero en defensa del ser humano, como centro, razón y fin supremo de la sociedad y el Estado; y segundo, en protección de nuestra Honduras, estima que la actividad minera es beneficiosa si se traduce en desarrollo para el país y mejoramiento de calidad de vida del hondureño. En este sentido, si la legislación que regula la actividad minera no es capaz de asegurar los beneficios apuntados y evitar los prejuicios señalados, no se encuentra de conformidad con las aspiraciones del Constituyente al promulgar la Constitución de la República, pues la garantía jurisdiccional de los derechos y libertades tiene correlato objetivo en la defensa de los valores y principios constitucionales[31], por lo que procede que este Alto Tribunal en función de legislador negativo, declare la inconstitucionalidad en forma parcial de las normas apuntadas.

CONSIDERANDO (24):  Que en virtud de las razones expuestas con anterioridad, la Sala de lo Constitucional estima procedente declarar ha lugar de manera parcial, la Garantía de Inconstitucionalidad de mérito opuesta por vía de acción contra los artículos 22, 27, 53, 56, 67, 68, 76 y 77 de la Ley General de Minería que se contiene en el Decreto Legislativo No. 238-2012, publicado el dos de abril del año dos mil trece, en el diario Oficial “La Gaceta” número 33,088; en consecuencia deroga y declara inaplicables los artículos 22, 27, 56, 67, 68, 76 y 77 de la Ley General de Minería.

CONSIDERANDO (25): Que el artículo 316 de la Constitución de la República dispone que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma será de ejecución inmediata y tendrá efectos generales y, por lo tanto derogará la norma inconstitucional. En este sentido, la Sala de lo Constitucional interpreta que en el caso sometido a nuestro conocimiento la sentencia que declara la inconstitucionalidad produce efectos erga omnes, de carácter anulatorio; en consecuencia, no afecta las situaciones jurídicas que hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas; es decir, no tiene efectos retroactivos.

POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Ministerio Público, POR UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1,2,13,15,16,17,18,19,59, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 80, 82, 103, 104, 106, 145, 146, 184, 185 número 1, 246.19 y 26, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 320, 321, 328, 331, 339, 340, 341, 346, 350, 351 y 352 de la Constitución de la República; Principios de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo; Agenda 21 de las Naciones Unidas; Declaración de Estocolmo Sobre Medio Ambiente Humano; 1,2,3 y 8 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 3 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 No. 1 y 2, 2 No. 1, 4, 5, 7, 12 No. 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; 1, 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derecho al Ambiente; 1, 11, 18, 24 y 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 11, y 74 de la Ley de Organización y Atribuciones a los Tribunales; 1, 3 numeral 3, 7, 8, 74, 75, 76 No. 1, 77 No. 2, 82, 86, 92 y 93 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 25, 26, 35, 36, 39, 40, 74, 76, 79 y 105 de la Ley General de Minería; 6 Atribución 5ta. Del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1.- DECLARAR HA LUGAR DE MANERA PARCIAL la Garantía de Inconstitucionalidad por razón de fondo, interpuesta por vía de acción únicamente por los artículos 22, 27, 56, 67, 68, 76 y 77, o sea todos los impugnados  a excepción del artículo 53 de La Ley General de Minería que se contiene en el Decreto Legislativo número 238-2012, emitido por el Congreso Nacional en fecha veintitrés de enero del año dos mil trece, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 33, 088; 2.- QUE LA PRESENTE SENTENCIA TIENE EFECTOS EX NUNC, es decir, a partir de la fecha en que adquiera firmeza; Y MANDA: 1) Que la presente sentencia sea notificada a los recurrentes personalmente o de oficio mediante cédula fijada en la Tabla de Avisos a más tardar día siguiente de su fecha. 2)Que se proceda a certificar el presente fallo; 3)Que se proceda a comunicar la presente sentencia al Congreso Nacional para su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”; y 4) Archívense las presentes diligencias a la Secretaría del Tribunal. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso de Inconstitucionalidad

No. SCO-1165-2014

…LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, NOTIFIQUE AL SEÑOR OCATVIO SANCHEZ, LA SENTENCIA DE FECHA VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, POR MEDIO DE CÉDULA DE NOTIFICACIÓN FIJADA EN LA TABLA DE AVISOS DEL DESPACHO, SIENDO LAS ONCE EN PUNTO DE LA MAÑANA.

 

[1]Articulo 184 y 313.5 de la Constitución de la Republica

[2]El sistema económico de Honduras  se fundamenta en principios de eficiencia en la producción y justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional, así como en la existencia armónica, de los factores de la producción que hagan posible la dignificación del trabajo como fuente principal de la riqueza y como medio de realización dela persona.

[3] Se declara de utilidad y necesidad pública, la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la nación. El Estado reglamentará su aprovecho, de acuerdo con el interés social y fijará las condiciones de su otorgamiento a los particulares. La reforestación del país y la conservación de bosques se declara de conveniencia nacional y de interés colectivo.

[4] El sistema tributario se regirá por los principios de legalidad, proporcionalidad, generalidad y equidad, de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente.

[5] El estado preservara y estimulara las culturas nativas, así como las genuinas expresiones del folklore nacional, el arte popular y las artesanías.

[6] Es deber del Estado dictar medidas de protección de los derechos e interesas de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente las de tierras y bosques donde estuvieran asentadas.

[7] EL sistema económico de Honduras se fundamenta en principios de eficiencia en la producción y justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional, así como en la co-existencia armónica de los factores de la producción que hagan posible la dignificación del trabajo como fuente principal de la riqueza  como medio de realización de la persona humana.

[8] El sistema tributario se regirá por los principios de legalidad, proporcionalidad, generalidad, y equidad, de acuerdo con la capacidad económica de contribuyente.

[9] Se declara de utilidad y necesidad pública, la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la Nación. El Estado reglamentara su aprovechamiento, de acuerdo con el interés social y fijara las condiciones de su otorgamiento a los particulares. La reforestación del país y la conservación de los bosques se declara de conveniencia nacional y de interés colectivo.

[10]Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como republica libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura, y el bienestar económico y social.

[11]Vid Articulo 63 de la constitución que señala: (sic) “ Las relaciones, derechos y garantías no específicas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre”

[12]Ver antecedentes 12), 15), 17), y 19) de la presente sentencia.

[13]El legislador también adopta la percepción de recursos a través del pago de impuestos y regalías lo cual se analizará en su oportunidad.

[14]Vid el artículo 39 que dice: “A partir del año en se hubiere solicitado una concesión de beneficio, titular estará obligado al pago del equivalente en moneda nacional, del Canon de Beneficio, en un monto anual según su capacidad instalada del modo siguiente: hasta 300 toneladas métricas por días (TM/día) 250 dólares. Más de 300 toneladas métricas por y hasta 500 toneladas métricas por día (TM/día) 500 dólares. Más de mil toneladas y hasta 5000 toneladas métricas por día (TM/día) 2,500.00 dólares. Más de 5,000 toneladas métricas por día (TM/día) 5,000.00.”

[15]Vid el artículo 105 que dice: “Crease un impuesto municipal aplicable a la actividad minera y que sustituye para dicha industria al impuesto de extracción o explotación de recursos. Este impuesto es del uno por ciento (1%) sobre el valor total mensual de las ventas o exportaciones. Es contribuyente de este impuesto municipal, quien realice ventas brutas o exportaciones de productos minerales…”

 

[16]El articulo 40 de la Ley General de Minería: (sic) “Todo titular de derechos mineros está obligado a ejecutar las labores propias de su actividad, de acuerdo con sistemas, métodos y técnicas que tiendan al eficiente desarrollo de la actividad con ejecución a las normas de seguridad e higiene y ambientales aplicables a la industria minera, según normas aceptadas internacionalmente. Si en el desarrollo de tales actividades se causaren daños a terceros, queda el titular de la concesión obligado a indemnizarles por el perjuicio que les cause”.

[17]La contaminación se produce por la acción de sustancias químicas o biológicas o por cualquier tipo de energía, radiación, vibración o ruido.

[18]Vid articulo 7 de la Ley General del Ambiente que define la contaminación como toda alteración, modificación del ambiente que puede perjudicar la salud humana, atentar contra los recursos naturales o afectar los recursos en general de la nación.

[19]Se entiende por ambiente el conjunto formado por los recursos naturales, culturales  y el espacio rural y urbano que puede verse alterado por agentes físicos, químicos o biológicos, o por otros factores debido a causas naturales o actividades humanas, todos ellos susceptibles de afectar, directa o indirectamente, las condiciones de vida del hombre y el desarrollo de la sociedad.

[20]Un mineral es una sustancia natural, representable por una fórmula química, normalmente sólido e inorgánico y que tiene una cierta estructura cristalina. Es diferente de una roca, que puedeser un agregado de minerales o no minerales y que no tiene una composición química específica. La definición exacta de un mineral es objeto de debate, especialmente con respecto a la exigencia de ser abiogénico, y, en menor medida a que deba tener una estructura atómica ordenada.

[21]Concepto extraido del sitio web https://es.wikipedia.org/wiki/Minería, en fecha trece de septiembre del año dos mil dieciséis.

[22]Vid. Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio 1992.

[23]REGALÍA. Privilegio, prerrogativa, preeminencia. Excepción, exención. En especial, facultad privativa del soberano; como la de acuñar moneda, conceder títulos, indultar. Gajes que además del sueldo perciben algunos empleados. Privilegio que la Santa Sede

Otorga a un soberano, ya que la presentación de obispos para la percepción de ciertas rentas, como antiguamente en los obispados vacantes. (Concepto extraído del diccionario Jurídico-Elemental por Guillermo Cabanellas de Torres).

La regalía minera es una contraprestación económica establecida por la ley, mediante la cual los titulares (también concesionarios)  de concesiones mineras están obligados a pagar mensualmente al Estado por la explotación de los recursos minerales metálicos y no metálicos.

[24]“La Distribución de la Renta de las Industrias Extractivas a los Gobiernos Subnacionales en América Latina”. Estudio realizado por Caludia Viale y Edgardo Cruzado del REVENUE WATCH Institute, en agosto del año 2012.

[25]Vid. Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, reunidos en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores calves de las sociedades y las personas.

[26]Vid. Capítulo 8.3c) de la Agenda 21 de la División de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

[27]Vid. Artículo 15 del Convenio No. 169 de la OIT; Principio 22 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; artículos 19, 23, 25, 26, 29 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

[28]Vid. Artículo 5 de la Constitución de la República.

[29]Vid. Artículos 2 y 6 de la Carta Democrática Interamericana.

[30]Vid. Artículo 7, párrafo segundo de la Ley General del Ambiente: “El Estado adoptará cuantas medidas sean necesarias para prevenir o corregir la contaminación del ambiente. A estos efectos se entiende por contaminación toda alteración o modificación del ambiente que pueda perjudicar la salud humana, atentar contra los recursos naturales y afectar los recursos generales de la nación…”

[31]Al exponer Konrad Hesse la teoría del doble carácter de los derechos fundamentales, ha señalado que los derechos fundamentales cumplen una doble función: “…garantizan no sólo derechos subjetivos de los individuos, sino también los principios objetivos básicos para el ordenamiento constitucional democrático y del Estado de Derecho, fundamentos del Estado constituido a través de dichos derechos y de su ordenamiento jurídico”. Citado por Susana Castañeda Otsu en: Derechos Constitucionales y Defensoría del Pueblo: origen, análisis normativo comparado. Regulación y perspectivas en Perú. Editorial Alternativas, Lima ,2001

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El derecho a la alimentación

El derecho a la alimentación implica que todas las personas por el simple hecho de existir, deben poder acceder a una cantidad y una variedad de alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable.

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