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Día Mundial de la Alimentación: una oportunidad para reflexionar sobre la influencia de las corporaciones

FIAN Internacional da la bienvenida a los avances logrados en el camino hacia la erradicación del hambre, pero lamenta las tendencias actuales que favorecen la influencia de corporaciones sobre las políticas alimentarias y de nutrición.

Productoras locales©Kyaw Kyaw Winn/AgriCultures Network y Foro Rural Mundial
En los últimos veinte años, los esfuerzos realizados para erradicar el hambre han logrado una disminución del 21,4% de la malnutrición a nivel mundial. Aunque este progreso merece reconocimiento, considerando los desafíos de hoy en día, los enfoques en el campo de la alimentación y la nutrición son perjudiciales para los derechos humanos.

El incremento de la influencia de las corporaciones sobre las políticas alimentarias y de nutrición nos ha conducido a un mundo en que 795 millones de personas que padecen hambre conviven con 500 millones que sufren obesidad y otras enfermedades no contagiosas relacionadas. Tanto la malnutrición como la obesidad se deben, en gran medida y entre otros motivos, al control que las corporaciones ejercen sobre los sistemas alimentarios, desde la fase de producción hasta el momento en el que los alimentos llegan a los consumidores.

De forma creciente, las corporaciones se presentan como la solución al problema de la malnutrición, por lo que se les invita a participar en los procesos políticos de toma de decisiones en esta materia. Esto ocurre mientras las corporaciones contribuyen al aumento de la malnutrición en todas sus formas, sea a través de la inmoral comercialización de alimentos y sustitutos de la leche materna ultra-procesados e insalubres, del acaparamiento y la privatización de los recursos naturales, o de las violaciones de los derechos de los trabajadores, además de otras.

En un artículo de opinión publicado hoy, Flavio Valente, Secretario General de FIAN Internacional, señala cómo la nutrición se está desvinculando de los alimentos y de los contextos sociales y culturales en los que dichos alimentos son producidos y consumidos. De un modo similar, la nutrición se está reduciendo a una simple medición de los niveles de nutrientes presentes en los alimentos y el cuerpo humano.

Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, Valente ha señalado que esta medicalización de la nutrición pretende transformar la salud y el bienestar de todos en mercancías que las personas se sienten obligadas a comprar. “Como resultado, la definición de la malnutrición se reduce a una falta de nutrientes que puede ser rectificada con intervenciones técnicas externas, a través de la utilización de suplementos alimentarios industriales, pastillas y polvos con nutrientes”, explica.

La participación del sector privado en la toma de decisiones es cada día mayor, como resultado de lo que viene conociéndose como ‘multilateralidad’ o ‘multilateralismo’. Los últimos acontecimientos en el cuadragésimo segundo periodo de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) han aumentado la conciencia entre la sociedad civil en cuanto a los riesgos que entraña el considerar al CSA como una iniciativa ‘multilateral’, tendencia que ésta siendo ansiada por algunos actores sociales.

En este sentido, diversas organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales han querido recordar la naturaleza internacional e intergubernamental del CSA. Al mismo tiempo, estas organizaciones han dado especial énfasis al principio de inclusividad, el cual garantiza que cada país tenga derecho a un voto –en el que los Estados son los únicos responsables en la toma de decisiones, para asegurar así la participación en este proceso de aquellos más afectados por la inseguridad alimentaria y la malnutrición, como titulares de derechos. Además, la sociedad civil ha pedido que se mantenga la distinción establecida entre los papeles que desempeñan los diferentes actores sociales, evitando que esta distinción se desdibuje bajo el paraguas del ‘multilateralismo’.

Considerando las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, la sociedad civil ha subrayado la importancia de la implementación del plan de trabajo del CSA, un plan definido colectivamente. Valente concluye señalando “los Estados miembros de la ONU deben asegurar la puesta en marcha de garantías eficaces que prevengan los posibles conflictos de intereses, para proteger así al CSA de la indebida influencia de las corporaciones”.

Para una mayor información, por favor contacten con delrey[at]fian.org y bley-folly[at]fian.org

Pueden leer los hallazgos del Observatorio del Derecho a la Alimentación y la Nutrición, recientemente publicado.

Pueden leer el artículo de opinión de Flavio Valente, “La alimentación y la nutrición no se venden”, en Devex.

NOTAS PARA LOS EDITORES:

Aunque conocedores de que los datos numéricos no son suficientes para mostrar la realidad actual, a continuación les mostramos las estimaciones recientes de la Organización Mundial de la Salud (Observatorio Mundial de la Salud) y de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (ediciones 2011-2015 de ‘El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el mundo):

• Existen 795 millones de personas que no pueden consumir una ración de alimentos suficiente para llevar una vida activa y saludable, lo que aproximadamente representa a una de cada nueve personas en el planeta.

• La malnutrición es la causa de cerca de la mitad (45%) de las muertes entre la población infantil menor de 5 años – 3,1 millones de niños cada año.

• La obesidad mundial se ha incrementado en más del doble desde 1980. En 2014, más de 1.900 millones de adultos mayores de 18 años sufrían de sobrepeso. Más de 600 millones de estas personas eran obesas.

• 2.000 millones de personas sufren una o más deficiencias de micronutrientes. 1.400 millones de estas personas sufren sobrepeso.

www.fian.org

COMUNICADO DE PRENSA

El control ejercido por las empresas, conocido comúnmente como ‘captura corporativa’, se ha incrementado vertiginosamente. Este fenómeno, especialmente presente desde que la crisis y la inestabilidad de los precios de los alimentos asolaran el mundo en 2007/08, ha puesto a los derechos humanos en gran riesgo.
Tal y como han demostrado los episodios críticos a los que el planeta se ha enfrentado durante las últimas décadas, el actual modelo económico es incapaz de garantizar las condiciones necesarias para que los gobiernos nacionales puedan cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Al mismo tiempo, este modelo parece priorizar los intereses de las corporaciones por encima de la realización de los derechos de las personas, especialmente en el caso del derecho a la alimentación y la nutrición. En un planeta en el que 795 millones de personas continúan sufriendo a causa de la malnutrición y 500 millones sufren de obesidad, diversas comunidades de todo el mundo observan la prevención de la captura corporativa como un asunto crucial.
El Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición, una renombrada publicación anual promovida por diversas organizaciones de la sociedad civil en la que se analizan algunos de estos asuntos fundamentales, será presentado el 9 de octubre en la sede central de la FAO en Roma. Bajo el título “La nutrición de los pueblos no es un negocio”, esta publicación pone de relieve la nutrición mediante la exposición del impacto que las operaciones de las empresas generan sobre los medios de subsistencia de las personas. La nutrición será evaluada desde una perspectiva centrada en los derechos humanos, sin limitarse a la medición de los nutrientes presentes en los alimentos, y considerando los contextos socio-económicos y culturales en los que los seres humanos se alimentan
En sus observaciones sobre la publicación, Flavio Valente, Secretario General de FIAN Internacional, subraya: “La edición de este año describe la lucha de las personas para recuperar el control sobre sus propios cuerpos y sus propias vidas, ahora en manos de las corporaciones transnacionales. Aquí, el concepto de nutrición no se limita a los ámbitos técnicos y médicos, sino que se extiende a las importantes dimensiones políticas y sistémicas, las cuales pueden asegurar unas dietas diversas, saludables, sostenibles y culturalmente adecuadas. El Observatorio sirve para destapar el sutil, a la vez que atroz, abuso y la impunidad de las corporaciones en relación con el derecho humano a la alimentación y la nutrición, proporcionando una serie de recomendaciones para que los Estados puedan prevenir y castigar las iniciativas que supongan un obstáculo para el disfrute de los derechos humanos”.
“La Nutrición de los pueblos no es un negocio” profundiza en las diversas visiones sobre la nutrición, así como en las causas de la malnutrición y en las respuestas políticas a la misma, tanto en la esfera pública como entre bastidores. Teniendo en cuenta los problemas específicos que las mujeres y niñas enfrentan en su vida diaria, el Observatorio también pone de relieve la conexión entre el derecho a la alimentación adecuada y la nutrición y la completa realización de los derechos de las mujeres y las niñas. “Al fin y al cabo, la captura corporativa impide la participación efectiva de las mujeres y las niñas en la vida política, económica y social, obstaculizando al mismo tiempo su papel en la transformación de las desiguales relaciones de poder en cuanto al género”, concluye Flavio Valente

rtfn-watch.org

Pueblos Indígenas: personas con derechos, digan lo que digan las legislaciones nacionales

Aprovechando la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, FIAN Internacional pone de relieve la alarmante situación en Bangladesh.
“Los intereses de los pueblos indígenas deben ser tenidos en cuenta por la nueva agenda política, para que ésta pueda seguir adelante. […] Unidos, reconocemos y celebramos las valiosas y distintivas identidades de los pueblos indígenas del mundo. Trabajemos todavía más duro para empoderarlos, dándoles nuestro apoyo para que alcancen sus aspiraciones”. Aunque el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ha subrayado con insistencia la importancia de hacer respetar y garantizar los derechos de las comunidades indígenas, numerosos casos demuestran que todavía queda un largo camino por recorrer. Se estima que existe una población de 370 millones de personas indígenas repartidas en 70 países alrededor del mundo. Con ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, FIAN Internacional pone de relieve la alarmante situación en Bangladesh.
Sometidos a la discriminación, olvido y desventaja extremos, las comunidades indígenas de Bangladesh han visto como los obstáculos que impiden la satisfacción de sus derechos han seguido aumentado, todavía más, durante la pasada década. De los 142,3 millones de personas que habitan en el país, 3 millones pertenecen a, al menos, 54 grupos étnicos diferentes. Estas personas se concentran en la zona norte del país y en las Colinas de Chittagong, en el sureste, y se caracterizan por unas prácticas específicas ligadas a sus diferentes culturas, como por ejemplo la agricultura itinerante, migratoria o nómada (estilo de agricultura de rotación).
Estas prácticas definen su identidad y su singularidad. No obstante, la actual situación política del país elimina cualquier posibilidad de que estas personas sean protegidas. Mrinal Kanti Tripura, de la Fundación Maleya, explicó a FIAN Internacional que el gobierno de Bangladesh no reconoce a los pueblos indígenas como “indígenas”. La Ley de Institución Cultural de las Minorías Étnicas de 2010 utilizaría el término “khudro nrigoshthhi” (pequeños grupos étnicos) al referirse a los pueblos indígenas. Asimismo, una enmienda introducida en la constitución, en 2011, emplearía “tribus”, “razas menores” y “sectas o comunidades étnicas”.
¿Y qué es lo que se esconde tras estos términos? “Esta es una manera sibilina que el gobierno utiliza para no tener que respetar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 61/295 o el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Si en el derecho nacional no se hace ninguna mención a los pueblos indígenas como propiamente ‘indígenas’, el gobierno no estará obligado a garantizar los derechos que les corresponden por el derecho internacional”, subrayó Mrinal Kanti Tripura.
De hecho, las comunidades indígenas de Bangladesh están siendo desalojadas de sus tierras cada vez más. “Es importante entender que las comunidades indígenas mantienen una relación especial con sus territorios tradicionales. Estos forman parte de su identidad” subrayó Kanti Tripura. Otra nota de un representante de la Fundación Maleya recalca que un alto número de violaciones de derechos humanos han sido cometidas por la Armada de Bangladesh, entre las que se incluyen detenciones y palizas de manera arbitraria, encarcelamientos sin juicio, el incendio de varias aldeas, etc.
FIAN Internacional quiere resaltar que los pueblos indígenas son los guardianes de unos lenguajes, unos sistemas de conocimiento y unas creencias únicos, y que poseen al mismo tiempo un conocimiento incalculable sobre la gestión sostenible de los recursos naturales. Los derechos de estas personas deben ser respetados, protegidos y garantizados aunque la legislación nacional no reconozca su condición de “indígenas”. Los mecanismos internacionales deben encargarse de que los gobiernos nacionales no menosprecien los principios internacionales de derechos humanos con provisiones legales bien calculadas.

Pese a favor de los negocios de la UE intenta descarrilar las conversaciones, debates de la primera sesión de la ONU IGWG fueron enriqueciendo y fructífera.

La primera sesión de las históricas negociaciones de las Naciones Unidas hacia un tratado sobre las Empresas Transnacionales (ETN) y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos, concluye hoy, después de cinco días de inspirar a las conversaciones sobre la necesidad de un instrumento jurídicamente vinculante. La sociedad civil, expertos panelistas y muchos Estados participan de manera constructiva en las negociaciones, a pesar de los intensos esfuerzos de la UE para hacer fracasar las conversaciones.

Durante la sesión de apertura del Grupo de Trabajo Intergubernamental (GTI), la UE se opuso a la orden del día de la reunión, y exigió una extensión del mandato IGWG acordado en la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU . Aunque estas demandas causaron un impasse de varias horas, que fue superada una vez que quedó claro que ningún Estado daría apoyo a esta propuesta.

Caliente en los talones de la reciente impulso por los Estados más poderosos de Europa para socavar los derechos del pueblo griego con cada vez más medidas de austeridad en el interés de las instituciones financieras, las acciones de la UE durante el actual período de sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental parecían indicar que priorizar los intereses comerciales sobre los derechos humanos.

“Las organizaciones Tratado de la Alianza llegó a Ginebra para pedir la participación del Estado y constructivo para asegurar que cualquier futuro tratado se centrará en la rendición de cuentas de las empresas transnacionales y el acceso a interponer recursos y obtener justicia para las personas afectadas. Con las excepciones vergonzosas de la UE, EE.UU. y otros países ricos , los Estados que estaban presentes deben ser elogiados por su compromiso con este proceso vital “, subraya Anne van Schaik, Finanzas Sostenible Activista con Amigos de la Tierra Europa . “La gente no puede esperar a sus derechos. Por nuestra presencia aquí en Ginebra, estamos recordando dedica a los Estados a mantener el rumbo, e insistiendo en que los Estados ausentes subir a bordo. Estamos aquí para recordarles que el mundo está mirando! ” ., añade por su parte, Brid Brennan, de la Campaña Mundial para Desmontar Poder Corporativo y detener la impunidad , afirma: “Creemos que el Representante de la Delegación de la UE no tiene mandato formal oficial a acorralar a 28 estados miembros en silencio sobre un asunto tan importante como los derechos humanos y las empresas transnacionales. Como organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales, presentes aquí en el día de hoy la ONU, protestamos el comportamiento disruptivo de la UE, y desafiamos a los estados miembros de la UE a declarar su posición sobre este asunto, y no simplemente repetimos la postura de la UE “.

La evaluación de la primera sesión de la ONU IGWG, Rolf Künnemann, Director de Derechos Humanos de FIAN Internacional, concluye: “Los Estados participantes, expertos legales y la sociedad civil ha trabajado duro y con éxito para obtener las cuestiones clave de derechos humanos en la mesa. La Alianza Tratado aportó una variedad de puntos de vista con el fin de enriquecer el debate. Diversidad de opiniones es una fortaleza. Insistimos en que la UE sustituye tácticas disruptivas con un diálogo sincero, de buena fe. La Alianza Tratado estará en alerta durante el período entre sesiones e intensificar su movilización “.

Los miembros de la Alianza del Tratado, que continúen su estrecha colaboración a través de sus esfuerzos de movilización y unidos por su declaración conjunta , hará un seguimiento del proceso, enriqueciendo el debate democrático con sus perspectivas y experiencias de todo el mundo.
La primera sesión de la composición abierta grupo de trabajo intergubernamental sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos se reunieron en Ginebra el 06 al 10 julio para comenzar la tarea de elaborar un tratado para los negocios y los derechos humanos.

fian.org

UE Días / CELAC de Movilización, construyendo el camino hacia un tratado vinculante

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Con motivo de los jefes oficiales de la UE / CELAC de los Estados Cumbre (10-11 de junio), que reúne a 61 Jefes de Estado de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, CIDSE unió a varias organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales de ambos continentes que se reunieron durante las “Jornadas de Movilización” (8-10 de junio) para recuperar la soberanía en contra del comercio dirigida por las corporaciones y para discutir posibles alternativas.

Mientras que los presidentes europeos y latinoamericanos estaban discutiendo la migración, el cambio climático y las posibles nuevos Acuerdos de Libre Comercio (TLC) entre ambas regiones, organizaciones de la sociedad civil se reunieron para discutir alternativas a la agenda neoliberal y más específicamente la forma de un tratado internacional vinculante sobre las empresas transnacionales (TNC ) podría garantizar que los Estados protege eficazmente los derechos humanos, sino también que las empresas se hacen legalmente responsables de respetarlos. Para los casos de violación de Derechos Humanos, un tratado vinculante podría también ayudar a garantizar que las víctimas tengan un acceso a remediar.

Los días de movilización comenzó el lunes 08 de junio con un debate público junto con representantes de los sindicatos; representantes de organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre las relaciones entre la UE y América Latina; algunos miembros del Parlamento Europeo y del Jefe de la Misión Permanente de Ecuador ante la ONU en Ginebra. Para CIDSE y otras redes basadas en Bruselas que trabajan en América Latina, fue la oportunidad para lanzar un corto de animación: //www.youtube.com/watch videohttps v = 5-kkwHpCe-A que explica cómo una relación de comercio – basada principalmente en? la extracción de materias primas – está contribuyendo al agotamiento de los recursos naturales no renovables, el calentamiento global y los conflictos sociales.

Enlace al video: https://www.youtube.com/watch?v=5-kkwHpCe-A

En el segundo día, los participantes tuvieron que dividir en dos sesiones paralelas. Uno de ellos fue dedicado a “Reclaiming Pueblos Soberanía para el Acceso a la Justicia” y el otro a “Nueva generación de acuerdos de libre comercio y su impacto en América Latina y Europa”. En esta sesión, los participantes reconocen ampliamente que los beneficios de acuerdos de libre comercio entre la UE y América Latina están terminando cada vez más en manos de un pequeño grupo de privilegiados en lugar de servir al bien común. En la sesión dedicada a “Pueblos Acceso a la Justicia”, el público tuvo la oportunidad de escuchar varios testimonios destacando la complicidad de las empresas transnacionales y corrompido Unidos en muchos abusos de derechos humanos y los delitos ambientales. La organización brasileña MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens – Movimiento de Afectados por Represas), socio de varios miembros de CIDSE, explicó cómo <energía verde> política del Gobierno está afectando a varias comunidades indígenas que aún viven en aislamiento voluntario en el mundo occidental. La sesión continuó con los movimientos de la sociedad civil para explicar qué tipo de alternativas que han estado experimentando. MAB dijo al público sobre cuando llevaron el caso ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en Madrid y cómo esto ayudó a crear conciencia dentro de la sociedad brasileña sobre los impactos de la llamada “energía verde”.

El tercer y último día de las Jornadas de Movilización fue también la apertura de la cumbre oficial de la UE / CELAC cuando todos los Jefes de Estado se reunieron en Bruselas y, como es habitual en las cumbres oficiales de la UE, la ciudad fue ahogado en el rugido de los helicópteros encargados de la seguridad. Para los miembros de la sociedad civil, el día comenzó con una sesión sobre las empresas transnacionales de la ONU Tratado como una nueva vía potencial para la justicia. Durante la sesión de apertura, panelista destacó el sistema judicial asimétrica en todo el mundo. Mientras que algunas comunidades han sido reclamando justicia por años, un número creciente de empresas transnacionales están utilizando la solución de controversias inversionista-Estado (ISDS) para demandar a los países en desarrollo por la pérdida beneficios debido a las leyes sociales y ambientales. Los panelistas recordaron también que aunque algunos países han ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), muchos gobiernos no respetan esta convención que provee población indígena el derecho a un consentimiento previo, libre e informado antes del inicio de cualquier tipo de proyecto que puedan afectar su forma de vida. Por el contrario, los Estados a menudo en connivencia con los intereses del sector privado en detrimento de las comunidades afectadas, y abundan los ejemplos:

En Guatemala, la apertura de la mina Marlin fue acompañado de la militarización de la provincia. Las comunidades locales están más divididas y la violencia contra las mujeres se ha incrementado. Muchos se sienten engañados, porque los empleos prometidos por las empresas son inexistentes mientras se contaminaron la tierra y el agua.

En Ecuador, el caso legal 22 años de largo en contra de Chevron-Texaco por el derrame masivo de petróleo en la Amazonia aún no se han resuelto, en parte debido a los obstáculos relativos a la competencia y la cooperación jurídica internacional entre Ecuador y Estados Unidos. Un Tratado internacional vinculante sobre las empresas transnacionales podría ayudar a las víctimas a acceder a la justicia.

En Sudáfrica, el gobierno está acusado de complicidad en la masacre de los trabajadores mineros que declaró la huelga para reclamar salarios más altos y mejores condiciones de trabajo en 2012.

En Honduras, los defensores de los derechos humanos que reclaman el acceso a la tierra de sus antepasados ​​son criminalizados y las ejecuciones extrajudiciales son legión.

En Mozambique, Vale, una Minería TNC brasileña, se extracción de carbón a expensas de la población local, que ya no pueden acceder a las tierras de cultivo y agua limpia.

Los casos anteriores son sólo algunos nombrado en la habitación, pero que son suficientes para poner de relieve la urgente necesidad de un tratado vinculante para controlar los impactos de las empresas transnacionales. Los participantes destacaron que los países individuales a menudo no tienen los instrumentos jurídicos para abordar la cuestión de los delitos con dimensiones extraterritoriales. Muchos gobiernos de todo el mundo pueden ser cómplices de esta situación, pero los que le gustaría actuar pierda las herramientas legislativas para imponer su voluntad.

La abundancia de ejemplos debe ser más visible con el fin de aumentar la presión sobre los gobiernos de la UE y América Latina a unirse a la primera reunión del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU composición abierta intergubernamental sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos, cuyo mandato será elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales.

La actividad de cierre de las Jornadas de Movilización era un “Impunidad Tour en el Barrio de la UE en Bruselas”, durante el cual los miembros de la sociedad civil de ambos continentes podrían caminar en la segunda mayor del mundo de la ciudad vestíbulo (Washington DC es la primera ciudad del mundo en términos de la presencia vestíbulo). Era de nuevo la oportunidad de exponer el poder financiero, político y judicial de las empresas multinacionales.

CIDSE, junio 2015

POR LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS FRENTE AL PODER DE LAS TRANSNACIONALES

EN OCASIÓN DE LA CUMBRE UE-CELAC

Bruselas 8 – 10 de junio 2015

El 10 y 11 de junio se reunirán en Bruselas los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y la Unión Europea (UE). Esta Cumbre ocurre en un contexto en que la situación en Europa muestra que la crisis que estalló en 2008 está lejos de concluir.

Mejorar el Sistema Internacional de Derechos Humanos frente a Compañías Transnacionales y otras empresas de negocios

Como miembro de la denominada Alianza para el Tratado, FIAN Internacional recalca la necesidad de un instrumento jurídicamente vinculante que proteja los derechos humanos en el contexto de las operaciones empresariales.

Con vistas a la primera sesión del Grupo Intergubernamental de Trabajo sobre un Instrumento Internacional sobre Compañías Transnacionales y otras empresas de negocios con respecto a los derechos humanos, la Alianza para el Tratado, compuesta por 610 organizaciones, publica su segunda declaración. Como miembro de la Alianza, FIAN Internacional hace un llamamiento a la sociedad civil para promover activamente el debate público alrededor de este proceso y movilizarse en pro del tratado.

Tras su primera declaración en 2013 en la que se instaba a los gobiernos a apoyar la aprobación de una resolución para establecer un Grupo de Trabajo Intergubernamental con el mandato de desarrollar el tratado, organizaciones de todo el mundo se han unido una vez más bajo el paraguas de la TA para enumerar una serie de demandas. FIAN Internacional subraya que el tratado debe atender a las necesidades y realidades de las personas y comunidades cuyos derechos han sido vulnerados, o están siendo amenazados.

La declaración ahonda en los procesos y el enfoque que deberían ser considerados en la elaboración del tratado, a fin de fomentar un progreso significativo tanto en la próxima sesión como en otras discusiones futuras. La Alianza llama a todos los Estados a participar activamente, de buena fe y de una manera constructiva, en el desarrollo de un instrumento jurídicamente vinculante, así como, junto con el Grupo de Trabajo Intergubernamental, a salvaguardar su integridad de cualquier influencia indebida por parte de actores que provengan o estén relacionados con el sector privado.

Asimismo, entre sus recomendaciones, la TA subraya que el tratado debe además exigir a los Estados a adoptar, individual y conjuntamente, legislación y otras medidas exigiendo a las compañías transnacionales y otras empresas de negocios que adopten políticas y procedimientos con el fin de prevenir, detener y reparar los impactos adversos en los derechos humanos, donde quiera que ellas operen o cooperen.

fian.org

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El derecho a la alimentación

El derecho a la alimentación implica que todas las personas por el simple hecho de existir, deben poder acceder a una cantidad y una variedad de alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable.

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