Vencer la crisis alimentaria mundial

Con el mundo aún atrapado en una crisis multidimensional, el ‘Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición’ de este año evaluará la última década, a través del planteamiento de discusiones y soluciones alternativas para vencerla.

 

Ha pasado una década desde que la crisis del precio de los alimentos, descrita por muchos como un momento de inflexión, afectara al mundo entero.

Durante este periodo, el precio internacional de los principales alimentos básicos alcanzó su nivel más elevado en casi 30 años, esto provocó que el número de personas en situación de hambre aumentara hasta los mil millones y los derechos humanos fundamentales de muchas otras se vieran comprometidos.

Aunque muchos lo describieron como una coyuntura temporal y el término crisis pasó a estar en boca de todos, la verdad es que los acontecimientos que se sucedieron entre 2007 y 2008 simplemente dejaron a la vista las grietas de un sistema alimentario insostenible, en funcionamiento durante mucho tiempo.

Esta ‘crisis’, a la que mucho se han referido como una crisis alimentaria, energética, financiera, climática y hasta de derechos humanos, forzó a los legisladores a reconocer sus errores y a las instituciones internacionales a llevar a cabo una reflexión. A pesar de ciertos progresos, siguen estando vigentes muchos de los mismos problemas que condujeron a la crisis en un primer momento. Hoy, diez años después, permanecen intactos los fundamentos socio económicos que están detrás del sistema dominante de producción, distribución y modelos de consumo. Al mismo tiempo, el respeto del derecho a la alimentación y a la nutrición, al agua, a la tierra y a otros territorios, así como el derecho a la salud, a la seguridad social y a un medioambiente saludable, siguen quedando en un segundo lugar.

Bajo el título “Vencer la crisis alimentaria mundial”, el Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición de este año celebrará su décimo aniversario con un balance de la última década y la evaluación de los retos y oportunidades para el próximo periodo. La publicación estará disponible a partir del 26 de septiembre y recogerá la lucha de los movimientos sociales y organizaciones de sociedad civil por transformar los sistemas alimentarios conforme a los derechos humanos, la solidaridad, justicia social, climática y de género. Diez artículos y diez imágenes para ilustrar diez problemas cruciales de la crisis alimentaria actual contribuirán a la lucha por el derecho a la alimentación y a la nutrición, por la soberanía alimentaria y por encontrar el camino para vencerla de una vez por todas.

La publicación contará con las observaciones de Jamesina E. L. King, comisaria y presidenta del Grupo de Trabajo sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, quien señaló: “Esta publicación presenta una diversidad de análisis y ejemplos de la lucha de los grupos de base por alcanzar el derecho a la alimentación, aliviar el hambre y promover la dignidad en el mundo, incluido en el continente africano. El Observatorio tiene como objetivo ser el único en este campo y su análisis conceptual puede promover el debate académico, las discusiones de los movimientos sociales, el diálogo con los legisladores y, de manera eventual, lograr un cambio”.

El Observatorio se lanzará durante la mesa redonda que tendrá lugar en la sede de la ONU FAO en Roma el 26 de septiembre y en la sede de la ONU en Ginebra, en el Palais des Nations, el 19 de octubre. Al igual que en anteriores ediciones, se llevarán a cabo una serie de eventos en todo el mundo para atraer la atención a nivel nacional y regional sobre la publicación.

Para consultas relacionadas con los medios, por favor, contactar con delrey[at]fian.org

Para más información sobre los eventos del Observatorio a nivel nacional y regional, por favor, contacta con

El derecho a la alimentación como derecho humano

El derecho a la alimentación es incorporado como un derecho
humano en el artículo 25 en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, en la cual se reconocen la dignidad y la
igualdad inherentes a todas las personas. El objetivo de este
trabajo es resumir los principales planteamientos contenidos
en los instrumentos internacionales relacionados con
ese derecho. Se trata de esclarecer, de acuerdo con esos
instrumentos y con las reflexiones que se dan en el marco
del sistema internacional de derechos humanos, en qué
consiste el derecho a la alimentación adecuada, cuáles son
las garantías que lo harán posible, cuáles son las obligaciones
de los Estados, qué medidas deben adoptar éstos para que
efectivamente se realice y cuáles son los mecanismos para
su exigibilidad y justiciabilidad. Se finaliza indicando que, con
el fin de garantizar el derecho a la alimentación, se requiere
de la participación interinstitucional, intergubernamental, de
la academia y la sociedad civil, con énfasis la importancia de
erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo.

Organizaciones de Centroamérica denuncian ante la CIDH impacto de monocultivos y agrotóxicos en los derechos humanos

En el marco del 164º Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el jueves 7 de septiembre, DPLF y OSC de Guatemala, El Salvador y Honduras presentaron ante la CIDH información sobre el impacto que los monocultivos y el uso de agrotóxicos tienen en el goce efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en sus países. La audiencia pública fue titulada “Monocultivos, agrotóxicos y DESCA en Centroamérica” (titulada por la CIDH como “Derecho a la Alimentación”) y se llevó a cabo en Ciudad de México.

Los monocultivos son cultivos de gran extensión de un sólo producto agrícola, a los que se les aplica de manera homogénea agrotóxicos como fertilizantes y pesticidas, muchos de ellos perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Esta técnica agrícola genera el acaparamiento de tierras a favor de corporaciones transnacionales y nacionales, excluyendo a las comunidades rurales y generando desigualdad en el acceso al territorio y bienes naturales.

Ambas prácticas están en expansión no solo en Centroamérica, sino en toda la región, y tienen comprobados efectos negativos en los derechos a la salud, a un medio ambiente sano y a la alimentación. Asimismo, estas prácticas tienen un impacto a la soberanía alimentaria y el acceso al agua potable, que se ve afectado tanto por la contaminación como por una reducción en el acceso.

Los peticionarios denunciaron que defensores de los derechos humanos de los países presentes en la audiencia han sido víctimas de amenazas y acosos. De manera especial mencionaron el caso de Margarita Osorio, representante de las comunidades afectadas por los monocultivos en Guatemala, quien no pudo asistir a la audiencia ante la CIDH por las amenazas recibidas como represalia por su trabajo como defensora.

La recientemente nombrada Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, Soledad García Muñoz, resaltó la importancia de la audiencia en la construcción de estándares interamericanos en la materia así como en la consolidación del trabajo de la Relatoría a su cargo.

La reforma agraria de Honduras 1962

La reforma agraria comienza en 1962, algunos años después de la revolución cubana, con el apoyo de la Alianza para el Progreso. Su primer objetivo es evitar el contagio revolucionario.

Después de la huelga general de 1954, los conflictos agrarios se multiplicaron en la costa Norte donde la organización sindical obrera era importante. Despidos masivos obligaron a una vuelta a la producción directa, lo que implicaba poder acceder a las tierras que a menudo habían sido acaparadas por grandes ganaderos. Es en este contexto peculiar que nace la primera organización federativa campesina 1, la cual organizó las primeras invasiones de tierras pertenecientes a compañías bananeras transnacionales. Nunca obtuvo un estatuto legal: acusada de comunista, la federación fue violentamente reprimida.

Para poder implementar una reforma agraria moderada, el gobierno tenía necesidad de organizaciones campesinas que pudiera controlar. La ANACH 2 fue creada con este objetivo; estará al origen, debido a divisiones sucesivas, de varias organizaciones campesinas que trabajan con el sector reformado.

La primera ley de reforma agraria (Decreto #2 del 29/09/62) preveía la redistribución de parcelas individuales a partir de tierras con estatutos jurídicos diversos (nacionales, comunales o privadas), afectadas por encontrarse ociosas o por haber sido apropiadas de manera ilegal. Su aplicación muy lenta y la represión del movimiento campesino hicieron abortar este primer intento.

A lo largo de estos años, la cooperativa de Guanchías (integrada por antiguos obreros de las plantaciones de bananas que trabajaban en las tierras abandonadas por la Tela R.R. Co.) experimentó exitosamente un modelo de organización colectivo. El decreto #8 de 1972 precipitó la distribución de tierras nacionales y comunales, y dio al mismo tiempo su aval al modelo colectivo. Las movilizaciones campesinas que exigían la aceleración del proceso de reforma agraria, organizadas por la ANACH y a menudo reprimidas, llevaron hacia la adopción de una segunda ley de reforma agraria, en enero 1975, bajo el régimen reformista del General López Arellano. Esta vez, se privilegiaron las redistribuciones de tierras bajo formas colectivas, cooperativas o empresas.

Los argumentos eran económicos (necesidad de modernizar la agricultura, de utilizar insumos y maquinarias) pero eran también morales (lucha contra el egoísmo y el individualismo). Los documentos utilizados para la formación de los dirigentes campesinos eran en apariencia “modernistas” y “progresistas” pero sus contenidos revelan un desconocimiento total de la pequeña producción familiar y un desprecio profundo de las capas campesinas, consideradas como atrasadas e incultas 3. En estos textos, se encuentran mezcladas las influencias del modelo colectivista israelí y las aspiraciones « socialistas » de intelectuales y de militantes4. El Estado procede de manera sistemática a un doble juego: según las circunstancias, apoya o acusa de comunista aquellos que promueven la reforma agraria.

La Pesca Artesanal de la Costa Caribeña.

Se realiza por los pescadores de las comunidades a lo largo del litoral caribeño, ubicadas desde la desembocadura del Río Motagua (frontera con Guatemala) hasta la desembocadura del Río Wans Coco o Segovia (frontera con Nicaragua), incluyendo las lagunas costeras, zonas de reserva, parques nacionales y algunas comunidades de las Islas de la Bahía.

En la costa occidental del caribe comprendida entre la desembocadura del Río Motagua y el Departamento de Colón, los pescadores pertenecen a dos comunidades étnicas, los Garífunas y los mestizos. Los pescadores de la Bahía de Omoa además de las especies de escama, tienen una pesca dirigida a la langosta común, que capturan con nasas de alambre, trasmallos, anzuelos o por buceo.

En las áreas de reserva y parques nacionales como: El Parque Nacional Janeth Kawas, Punta Izopo, Reserva Marina de Cayos Cochinos, Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado, Parque Nacional Capiro, Calentura y Guaymoreto, la pesca se realiza bajo regulaciones especiales, permitiendo únicamente anzuelos como artes de pesca.

Las embarcaciones están construidas de fibra de vidrio o madera, con motores fuera borda o movidas por remos. Las especies principales son los pargos, meros, corvinas, macarelas, júreles, lisas, caguachas, etc. Las artes comunes son los trasmallos de 3 pulgadas de luz de malla, chinchorros, y anzuelos. Las capturas son destinadas para el consumo nacional, éstas son vendidas a los intermediarios quienes las trasladan a los mercados de La Ceiba, Progreso y San Pedro Sula. Un caso especial lo constituyen los pescadores artesanales de la Bahía de Trujillo organizados en microempresas, con la cooperación del Gobierno de Japón a través del proyecto Modernización de las Comunidades Pesqueras de la Bahía de Trujillo (MODERPESCA), quienes lograron tecnificarse e independizarse obteniendo mejores resultados.

COMUNICADO

Al pueblo hondureño, a las organizaciones de derechos humanos y comunidad nacional e internacional, hacemos saber lo siguiente:

En este día 5 de septiembre 2017, el Centro Hondureños para la Promoción del Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) ha hecho público que durante los últimos meses sus oficinas y personal técnico han sufrido actos vandálicos y de intimidación que únicamente pueden explicarse por su valiente lucha en la defensa de los derechos humanos y territorios, defensa de pueblos indgmail.comígenas y oposición permanente a la industria extractiva y de destrucción del medio ambiente.

Entre las acciones de hostigamiento que ha denunciado CEHRODEC se manifiestan en:

Intervención de teléfonos
Intervención de correos electrónicos
Intervención de página web
Robos a los automóviles institucionales
Seguimiento al personal en las zonas de trabajo y en Tegucigalpa
Asaltos y provocaciones al personal en las calles de acceso a sus oficinas
Mensajes telefónicos, de voz y texto, con intimidaciones veladas amenazas de atentados contra la integridad física de su personal.
Nada de lo anterior es extraño en un país que, especialmente en los últimos 4 años, poderosos e influyentes grupos económicos vinculados a la explotación de bienes naturales de las comunidades, han actuado en absoluta impunidad.

Debe recordarse que CEHPRODEC, ha venido impulsando procesos de consultas populares en municipios indígenas y comunidades afectadas por concesiones mineras e hidroeléctricas, denunciando violaciones a derechos humanos en concesiones a hidroeléctricas, difundiendo importantes informes sobre concesiones mineras y actuación ilegitima de concesionarios de hidroeléctricas. Además, ha venido incidiendo en reformas a la ley de minería vigente incluyendo la reciente declaración de inconstitucionalidad a 7 artículos de la referida ley que afecta directamente los intereses de compañías mineras nacionales y transnacionales.

Alertamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales porque seguramente hechos, como los denunciados, son y serán una constante en la criminalización de defensores/as de la dignidad y acceso a la justicia del pueblo hondureño.

Excitamos a las organizaciones internacionales de derechos humanos a estar atentas a situaciones como las denunciadas para poder incidir ante los mecanismos de protección de ONU y la OEA por la muy probable agudización de la represión en Honduras.

Y, desde luego, manifestamos nuestro respaldo y solidaridad con CEHPRODEC ante la situación que actualmente enfrenta. Confiamos que estas circunstancias no detendrán el trabajo que legítimamente realizan en beneficio de la población en general y en particular de grupos históricamente excluidos económica, política y socialmente de un desarrollo con equidad y justicia en Honduras.

Nos adherimos a las exigencias de CEHPRODEC dirigidas a que las autoridades correspondientes cumplan sus compromisos de garantizar el ejercicio del trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos y se realicen las investigaciones pertinentes sobre las causas y a los actores, públicos y privados, que pueden estar detrás de los incidentes denunciados.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil diez y siete.

FIAN Honduras

El movimiento campesino a campesino : camino de los campesinos para la agricultura sustentable

Movimiento campesino a campesino (MCAC) a lo largo de treinta años de existencia en su esfuerzo para mejora la vida de los pequeños agricultores y los ambientes rurales, atraves del desarrollo  de una agricultura sustentable dirigido por campesinos .1 actualmente un movimiento nuevo para el cambio social.

el movimiento resiste a la mercantilizacion que degrada la ecología y destruye el bienestar social, la tierra, el agua y la diversidad genética, y asegura los derechos de los pequeños agricultores para determinar una posibilidad mas equitativa para el desarrollo agrícola.

El desarollo de la agricultura sustentable es, en gran parte, una respuesta a las diferencias sociales y ambientales de la modernización agrícola. Surgió en latinoamerica cuando la estrategia del desarollo agrícola de la Revolución  verde de los años 60 y 70, fracasaron para resolver los problemas de pobreza rural.Por los años 80, era claro que la Revolución verde no solamente exacerbo la discapacidad socio-económico en el área rural, sino en el uso indiscriminado de agro-químicos riego y maquinaria pesada, provoco vastos daños ambientales a los ecosistemas rurales. En respuesta, el PNUD y otras agencias de desarollo empezaron hablaron del ” desarollo de la agricultura sustentable”. Algunas ONG incluso trataron de ponerlo en practica.

5 de septiembre: Día Internacional de la Mujer Indígena

Este día fue instituido por el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América en Tihuanacu (Bolivia), en homenaje a Bartolina Sisa, mujer Aymara, que a fines del siglo XVIII comandó con gran valentía los ejércitos quechua-aymaras contra las tropas realistas, en la lucha por restablecer los derechos de su pueblo, ante la dominación y la opresión de los conquistadores españoles, y por ello, fue brutalmente asesinada y descuartizada el 5 de septiembre de 1782, en la Paz, Bolivia.

A través de esta conmemoración se extiende el homenaje a todas las mujeres indígenas que han luchado y aún continúan luchando por los derechos de los pueblos originarios, contra la discriminación y los abusos cometidos a lo largo de la historia.

Así también se hace un llamado de atención a los gobiernos y a la sociedad, en busca de mejores condiciones para este sector poblacional.

Derechos Específicos de las Mujeres Indígenas:
Las mujeres indígenas tienen derechos que comparten con sus congéneres de todas las sociedades y culturas, y también derechos específicos que derivan de su condición particular, en cuanto a ser integrantes de pueblos indígena.

Sus propias organizaciones e instituciones que acompañan sus luchas los identifican del siguiente modo:

Derecho al respeto de la identidad cultural del pueblo al que pertenecen.

Derecho a su identificación como integrante de un pueblo indígena específico.

Derecho a no ser asimiladas ni obligadas a aceptar prácticas culturales ajenas y que atenten contra su propia identidad cultural.

Derecho a modificar costumbres y tradiciones sociales, culturales, económicas que dañen o afecten su dignidad.

Derecho a recuperar, como integrantes de un pueblo indígena, ciertas prácticas y tradiciones que las favorecen y dignifican como mujeres.

Arranca la misión internacional que medirá el impacto del acaparamiento de tierras.

Una delegación internacional viajará en la región brasileña de MATOPIBA para documentar el impacto social, económico, medioambiental y de derechos humanos de la adquisición de tierras a gran escala.

Esta semana, un grupo de 30 expertos en derechos humano y desarrollo rural iniciarán una misión de investigación (MI) en el noreste de Brasil. La misión, motivada por la evidencia de violaciones de derechos humanos y destrucción medioambiental, documentará y analizará el impacto estructural de la adquisición de tierras a gran escala y pondrá el foco sobre la trama del negocio de tierras en la región.

Acaparamiento de tierras, un fenómeno que se ha convertido en habitual

Desde que comenzara la crisis multidimensional de 2008, el fenómeno del acaparamiento de tierras se ha multiplicado rápida y profundamente en todo el mundo. Con ello se ha detectado un aumento del movimiento de capitales de los estados y las compañías en las áreas rurales, acompañado de violentas expropiaciones de poblaciones tradicionales de sus tierras, causando asimismo devastación medioambiental y un gran impacto social. Brasil, cubierto de bosques frondosos y selva, se ha convertido en el blanco de los inversores del negocio de tierras, quienes han visto cómo sus beneficios aumentaban hasta un 400% gracias a la expansión de las industrias agrarias de productos básicos como la soja, el azúcar, el maíz, el algodón, el eucalipto y carne.

www.fian.org

Los defensores y defensoras de los derechos humanos son personas que, a título individual o colectivo, trabajan para hacer realidad los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las diversas normas que la desarrollan.

 

Ese compromiso se ha demostrado fundamental para visibilizar situaciones de injusticia social, combatir la impunidad e impulsar los procesos democráticos en todo el mundo.

En la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1998, las Naciones Unidas no solo reconocieron su legitimidad al considerar la defensa de los derechos humanos como un derecho en sí mismo, sino también el papel decisivo que desempeñan y la necesidad de garantizar su protección.

El 9 de diciembre se celebra su Día Internacional, y el 29 de noviembre el Día Internacional de las Defensoras. Desde su fundación en 1961, Amnistía Internacional apoya a las defensoras y defensores porque se sitúan en primera línea de la lucha por los derechos humanos y porque ponen al descubierto la inmensa brecha entre los compromisos retóricos de los gobiernos y su limitado cumplimiento en la práctica.

Al recordar a las autoridades (y a las poderosas élites políticas, militares y económicas) sus obligaciones en materia de derechos humanos, los defensores y defensoras asumen serios riesgos.

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El derecho a la alimentación

El derecho a la alimentación implica que todas las personas por el simple hecho de existir, deben poder acceder a una cantidad y una variedad de alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable.

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