Agenda Agroalimentaria en el año de cumpleaños de las economías campesinas

Javier Suazo
Honduras

Frente a la masificación de los problemas en el agro hondureño, el país y la sociedad en general necesitan la aprobación de un pacto social creíble, no unas hojas de papel denominadas Pacto por Honduras que ni el propio presidente de la República cree en él. Dentro de este pacto de consenso entre actores nacionales (incluyendo a los partidos políticos), el tema agroalimentario es prioritario.

Este tema ha recibido poca importancia. Se habla de un pacto agrario coordinado por el Instituto Nacional Agrario (INA), pero orientado a que los campesinos desistan de la toma y recuperación de tierras para fines de reforma agraria y fluya la inversión extranjera y los empresarios inviertan, generen empleo y producción. En tales términos el pacto no es pacto, sino que una imposición del gobierno de la Republica para apoyar sus intervenciones en el agro hondureño, donde el acceso a tierra y otros servicios como el crédito oportuno y en cantidad suficiente para pequeños productores y unidades campesinas no es parte de su agenda. En la coyuntura actual donde cerca de 80,000 familias campesinas dedicadas a la producción de granos básicos han sido afectadas por la sequía, el gasto público y el crédito agrícola han disminuido, igual ha caído el PIB agroaliamenrio y la producción de granos básicos, el clamor de los actores del agro (viejos y nuevos) es la vigencia de una nueva agenda agroalimentaria; un compromiso creíble que posibilite avanzan en el cumplimiento de objetivos y metas comunes y de país, en el año de la pequeña economía familiar campesina.

Esta agenda agroalimentaria, como instrumento de consenso publico y político, sumaría el concurso de las organizaciones campesinas, federaciones de agricultores y ganaderos, empresas agroindustriales, la banca, juventud rural, mujer rural, los pueblos autóctonos negros e indígenas, gobierno, cooperación internacional y la academia. La agenda agroalimentaria es necesaria ya que nadie tiene la verdad sobre los problemas que se enfrentan y las alternativas de solución a los mismos; solo el consenso y la priorización de los problemas en la agenda puede ayudar a ceder entre posiciones demagógicas y estériles que sustentan algunos de los actores. La propuesta del gobierno de la Republica es que los problemas se solucionan con un programa de reactivación del sector agropecuario ¿todavía se desconocen sus alcances, efectos y recursos comprometidos? con énfasis en la producción de palma africana, azúcar, ganadería bovina y. si sobra, granos básicos.

Los organismos multilaterales de crédito y parte de las agencias cooperantes, le apuestan al agro negocio con la potenciación de cadenas agroalimentarias y de valor cuyos mayores beneficiarios son los supermercados integrados a empresas transnacionales de alimentos. Otras agencias y organizaciones de la sociedad civil al desarrollo agrícola sustentable y combate del hambre y la desnutrición en los municipios del corredor seco, con programas focalizados. No obstante, el diseño, aprobación y evaluación de estas políticas agroalimentarias ha dejado por fuera a un amplio sector de grupos campesinos, pequeños productores y unidades agrícolas familiares lideradas por mujeres con mayor carga de trabajo en la unidad económica familiar, fuera de esta y comunidad. Son productores (as) netos de alimentos, utilizan mayormente semillas criollas, maximizan la fuerza de trabajo familiar, protegen los recursos naturales y fuentes de agua y se autoabastecen de alimentos en tiempos de crisis; en fin, son garantes de la seguridad alimentaria nutricional del país, incluso después de la vigencia del CAFTA-RD que las declaró como ineficientes. Las voces de sus dirigentes locales es que la agenda agroalimentaria debe ser coordinada por un Comisionado del gobierno, con la suficiente credibilidad y honradez para que tome en cuenta sus propuestas como actores participes del diálogo. Estos puntos de agenda sugeridos por organizaciones de campesinos y étnicas deben apuntar al diseño, aprobación, ejecución y evaluación de políticas públicas de largo alcance para el sector que garanticen el cumplimiento de acuerdos sobre los siguientes temas: a) acceso de la población campesino a medios y recursos productivos; b) derechos de propiedad a favor de la mujer campesina, unidades familiares y pueblos autóctonos y negros; c) vigencia de un proyecto piloto de impuesto a la tierra ociosa y mal utilizada, liberando recursos para la producción, venta y consumo de alimentos; d) mejoras sustanciales en la productividad física y del trabajo con base a la ejecución de programas de innovación tecnológica y uso masivo de tecnológicas campesinas e indígenas; e) crédito alternativo a nivel regional y local descentralizado y desconcentrado de los sistemas tradicionales de crédito burocrático y poco transparente; f) prácticas productivas benignas con el ambiente; g) aumento del valor agregado generado por las economías campesinas y del ingreso de las familias; h) comercio justo, o sea venta directa de los productos de las economías campesinas en tiendas del exterior; i) uso masivo de semilla criolla y patentada a favor de los campesinos e indígenas y mayor control y regulación de la semilla transgénica; j) manejo de riesgo agrícola por cambio climático; k) reducción acelerada del analfabetismo; l) reducción acelerada de la inseguridad alimentaria y hambre en regiones, municipios y aldeas seleccionadas; m) regulación de las importaciones, monetización y entrega de alimentos a población carenciada; n) nuevo sistema de almacenamiento y distribución de granos y concertación del precio de referencia con la agroindustria; o). vivienda solidaria rural y periurbana; p) ajuste a la institucionalidad agroalimentaria, derogación de las LMDSA. q) plan multianual de inversiones agroalimentarias de largo plazo La estrategia para poder en marcha la conformación y aprobación de la agenda agroalimentaria es el nombramiento por parte del presidente de la Republica del Comisionado Nacional para el sector agroalimentario, responsable de la concertación con los actores del sector de una propuesta y coordinación del plan de trabajo para su aprobación, puesta en vigencia, seguimiento y evaluación. En la actualidad no existe en el gobierno de la Republica (llámese director, ministro, superministro) un funcionario con la suficiente formación académica, técnica, credibilidad y prestigio capaz de poner en marcha y concluir con éxito un proyecto de esta naturaleza, de allí que el presidente de la Republica, Juan Orlando Hernández, ha empezado a buscarlo desde ya. Tegucigalpa, DC, 28 de julio de 2014

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