Los derechos fundamentales de la población brasileña están siendo violados bajo el pretexto de “garantizar la legislación y el orden”.

Como miembro de la Plataforma de Direitos Humanos Dhesca Brasil (Plataforma de Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales – Plataforma Dhesca), una red formada por 41 organizaciones de derechos humanos, FIAN Brasil denuncia la creciente represión que está llevando a cabo el estado brasileño contra los movimientos sociales, y que alcanzaron su punto álgido el pasado miércoles 24 de mayo en las manifestaciones.
El pasado miércoles, el Estado brasileño intensificó la violencia contra los movimientos de lucha social por la tierra y contra la reforma agraria. Al menos 10 trabajadores agrícolas murieron en una masacre conducida por la policía militar y civil de la región de Pau d’Arco en el estado de Para. Se ha enviado una misión para investigar los hechos, formada por, entre otros, el presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Darci Frigo (representante de la Plataforma Dhesca).
Horas más tarde, en Brasilia, 49 manifestantes resultaban heridos y 8 eran detenidos, durante una masiva manifestación en petición de la destitución del presidente Michel Temer, la convocatoria de nuevas elecciones y la suspensión de las reformas laboral y de asistencia social. El material fotográfico y los vídeos de la represión en Brasilia evidencian el uso de armas letales.
La Plataforma ha denunciado que el mismo día se aprobaron de manera exprés varias Medidas Provisionales (MP) que violan los derechos fundamentales y ponen en peligro a las comunidades indígenas. Es el caso de la MP 756, por la que se autoriza la venta de tierras públicas del estado en la región del Amazonas y, por ende, intensifica los conflictos de demarcación territorial que involucran a las comunidades indígenas.
La vulneración de los derechos humanos y de la democracia alcanzó su punto álgido con la promulgación del decreto presidencial de Michel Temer, por el cual se autoriza el uso de la fuerza para “garantizar la ley y el orden” en las calles del distrito federal hasta el 31 de mayo; fecha que coincide con el fin de las votaciones de la reforma en cuestión.
A pesar de que el decreto fuera revocado la mañana del jueves 25 de mayo, el uso militar con tal propósito muestra, tal y como fue comunicado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH),que la posibilidad de que se establezca de un estado de sitio en el país no es nada descabellada. Es también necesario resaltar que la publicación de este decreto representa un crimen presidencial, al violar los requisitos legales de la Ley Suplementaria nº97, 1999.
Así pues, la Plataforma Dhesca y sus miembros solicitan una investigación adecuada y exhaustiva sobre las presuntas vulneraciones y crímenes llevados a cabo por las autoridades públicas de Brasil. Es necesario que las organizaciones internacionales presten atención a la seriedad de la situación a la que se enfrenta la población brasileña, que ve cómo sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son arrasados y amenazados cada día.

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