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 FIAN EN ALERTA PERMANENTE ANTE AMENAZAS DE NUEVOS DESALOJOS VIOLENTOS FIAN International Secretariat FOODFIRST INFORMATION & ACTION NETWORK Su Excelencia Copia para: Abogado José Francisco Funez Abogado Leonida Rosa Bautista Presidenta de la Corte Suprema de Justicia Juez Olga Marina Castro Señora Fiscal Julissa Borjas Abogada Sandra Ponce Referencia: Amenaza de desalojo de familias campesinas en Río Buey Betulia, Santa Fé, Colón. Excelentísimo Sr. Presidente, Reciba un cordial saludo en nombre de FIAN Internacional, Organización internacional por el Derecho a la Alimentación con Estatus Consultivo ante las Naciones Unidas y sede en Heidelberg, Alemania. Le escribimos para expresar nuestra preocupación por la situación que vive en este momento el movimiento campesino de Río Buey Betulia, que está integrado por 71 familias campesinas aglutinadas en tres Empresas Asociativas Campesinas de Produccion “FUERZAS UNIDAS”, “20 DE AGOSTO”, y “LAS CRUSITAS”, afiliadas a la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH). Se encuentran ubicadas en el lugar conocido como Rio Buey Betulia, jurisdicción del municipio de Santa Fe, departamento de Colón; desde el 6 de mayo del 2005, están en posesión de un terreno de aproximadamente 300 manzanas, aduciendo ser dueño la Empresa Trujillo Resort International amparándose en una escritura pública de fecha 10 de septiembre del año 2003, inscrita el 12 de febrero del 2004, bajo el asiento número 90 del tomo 553 del Instituto de la Propidad de Trujillo, el terreno descrito se ubica en la Costa Atlántica del Mar Caribe, Municipio de Santa Fe, Colón. En virtud que el terreno se encontraba inculto, ocioso y no estaba siendo ocupado por los supuestos dueños, de manera que no estaba cumpliendo la función social, el grupo campesino 20 de agosto, presentó solicitud de denuncia de terreno ocioso ante el Instituto Nacional agrario (INA), en fecha primero de junio del 2006, solicitud que se identifica con el número 1345/ 2006. En el mismo año se ordenó que se practicaran las investigaciones de campo del terreno en conflicto, por lo que se realizaron los trámites respectivos en el INA y también con el Instituto de Turismo. En este momento, el caso no ha sido resuelto por el Instituto Nacional Agrario todavía. En vez de solucionar el conflicto agrario por medio de los procedimientos pertinentes del Instituto Nacional Agrario, hemos observado procesos judiciales contra los campesinos. Según nuestras informaciones son dos procesos judiciales que enfrenta el Movimiento Campesino de Rio Buey Betulia. Según expediente número 067-2005, 12 campesinos fueron procesados en el Juzgado de Letras de Trujillo, a petición de la Epresa Trujillo Resort International a través de la Fiscalia del Ministerio Publico, llevando la causa el fiscal Melvin Ivan Velasquez; dicho proceso inicio el 9 de junio del 2005, por el delito de usurpación y daños, siendo procesados los campesinos: Carlos Manuel Moreno Hernández, Carlos Alberto Moreno Sandoval, Douglas Ramírez, Oscar Geovany Moreno Sandoval, Eusebio Lobo Romero, Orlando Lara Rivera, José Alberto Gómez, Wenceslao Meraz Mendez, Marco Feliciano Moradel, José Neptaly Hernandez, Angel Eduardo Morales, Jose Dolores Bados. El 21 de septiembre del 2007, según expediente número 089-2007, fueron procesados por el mismo caso 6 campesinos: Eugenio Pérez Ramirez, Oscar Arnulfo Alberto Alberto, Eugenio Lara Romero, Antonio Maldonado Gusman, Mariano Amaya Gutierrez Buezo, Teofilo Rodriguez. Durante el tiempo de conflicto, se han registrado cuatro desalojos violentos: 1. El 13 de junio del 2005, el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, a través del Juez Cesar Cristóbal Velásquez ordenó desalojo para los familias campesinas, en dicho desalojo se nombró como Juez Ejecutor al Señor Felix Cornelio Rodriguez, quièn lo ejecutó el 15 de junio del 2005 a las 9:00 de la mañana. En este desalojo la policia capturó a once campesinos, y según los testimonios, fueron severamente maltratados los campesinos por parte la policía, además fueron destruídos los cultivos y las viviendas. Según el expediente número 067-2005 que se ubica en el Juzgado de Letras de Trujillo, la defensa de los campesinos literalmente manifesto, “que en el momento de que se efectuó la detención de los mismos fueron objeto de violencia física y sometidos a la impotencia en forma arbitraria al aplicarles en su rostro un recipiente que contenía brasas y gas lacrimógeno e incluso por ese motivo dos de ellos tienen quemaduras en su brazo derecho”. Los campesinos capturados en el desalojo, estuvieron recluidos en el Centro Penal de Trujillo por un espacio de seis días, saliendo libres bajo medidas cautelares contempladas en el artículo 173 N 6, 7, 8 del código procesal penal. 2. El 24 de agosto del 2005, se ordenó el segundo desalojo siendo Juez Cesar Cristobal Velásquez, nombrándose como juez ejecutor al policía Luís Alfonso Bustamante, quien lo ejecuto el 31 de agosto del 2005. De nuevo fueron afectados los cultivos y las viviendas de los campesinos por la policía, aunque en esta ocasión nadie fue capturado. 3. En fecha 8 de agosto del 2007, la Juez Olga Marina Castroordenó un tercer desalojo, nombrándose como Juez Ejecutor al señor Eli Manuel López, agente de la Dirección General de Investigación Criminal, dicho desalojo fue ejecutado el 6 de septiembre del 2007; al cual asistieron el Comisionado de la Policía José Francisco Blanco Ulloa con 18 elementos de la policía preventiva de Trujillo, el fiscal Franklin Ocampo, el Capitán de Fragata José Saúl Reyes Coto con 19 elementos de la Base Naval de Puerto Castilla. En fecha 21 de septiembre del 2007, seis campesinos de nombre: Eugenio Pérez Ramírez, Oscar Arnulfo Alberto Alberto, Eugenio Lara Romero, Antonio Maldonado Guzmán, Mariano Amaya Gutiérrez Bueso y Teofilo Rodríguez fueron procesados por el delito de usurpación en perjuicio de la Empresa Trujillo Resort International a través del Ministerio Publico de Trujillo, conociendo la causa la Juez Olga Marina Castro del Juzgado de Letras Seccional de Trujillo; librándose orden de captura para los campesinos antes mencionados el 26 de septiembre del 2007. 4. En fecha 25 de septiembre del 2007, fue ordenado el cuarto desalojo, nombrándose como Juez Ejecutor al señor Douglas Samuel Gough, agente de la Direccion General de Investigacion Criminal (DGIC), quién se hizo acompañar de 30 policías, ejecutando dicho desalojo el 4 de octubre del 2007. A esta acción se hicieron presente los medios de comunicación, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, representantes de la Iglesia Católica de Tocoa y representante del (INA) de la Region del Aguan; se buscó la mediación y los campesinos se retiraron del terreno voluntariamente hacia las instalaciones de la oficina del Instituto Nacional Agrario, en Sinaloa, Tocoa, Colón. A raíz de que los campesinos dejaban los cultivos de 70 manzanas de maíz, 30 manzanas de arroz, platano, chile, yuca y frijoles se firmó un convenio con el representante de la Empresa Trujillo Resort International, en el que se comprometían a proteger los cultivos proporcionando vigilancia de parte de la empresa, compromisos que no se cumplieron por parte del señor Oswaldo Martínez. En este momento, según nuestras informaciones, están alrededor de 50 familias campesinas viviendo y trabajando en el terreno, en una situación que en cada momento pudieran ser desalojados de nuevo del predio. Varios de los campesinos acusados por el delito de usurpación, están en peligro inminente de ser capturados y condenados. Honduras es Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y ha asumido por lo tanto la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la alimentación y el derecho a la vivienda de toda persona en su territorio. La obigación de respeto implica que el Estado debe de abstenerse de todas medias que pueden privar personas vulnerables de su acceso a la alimentación. Los desalojos forzosos de familias campesinas han sido calificados de violaciones del derecho a la alimentación y a la vivienda (art. 11 PIDESC) por los órganos competentes de Naciones Unidas, tal como lo hemos compartido en varias dos Seminarios conjuntos con el Ministerio Público y el Instituto Nacional Agrario en Honduras en el transcurso de 2007. Además, la falta de implementación de la reforma agraria constituye una violación de la obligación del Eszado en garantizar el derecho a la alimentación de las familias campesinas sin tierra. Por lo tanto, FIAN Internacional le solicita atentamente, Sr. Presidente, adoptar medidas inmediatas y apropiadas para:
Atentamente, Dr. Rolf Künnemann
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  El Estado de Honduras viola los derechos humanos de los pobladores del valle de Comayagua.(Leer más...)
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Campaña para que intervenga el Relator Especial sobre Vivienda Adecuada de la ONU, Miloon Kothari, en el caso de los pobladores del valle de Comayagua. (
Alerta por amenazas de desalojo contra familias campesinas de la comunidad de Río Buey Betulia, en el municipio de Santa Fé, Colón. (
Acción urgente en favor de la comunidad garifuna de Chachahuate, Cayos Cochinos, motivada por los constantes atropeyos que sufren los pescadores. (
FIAN Honduras promueve la aprobación de una Ley Marco Sobre el derecho a la Alimentación que contribuya con la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. ( FIAN Honduras Teléfono: (504) 220-0542 Fax: (504) 220-0542 E-mail: fian@fian.hn |
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